El 21 de octubre de 2021, el entonces concejal de Licencias del Ayuntamiento de Burgos, Julio Rodríguez-Vigil, anunció su dimisión del cargo por una supuesta falta de confianza del alcalde y el resto del equipo de Gobierno del que formaba parte. Daniel de la Rosa, que entonces lideraba el bipartito entre PSOE y Ciudadanos, reconoció sin dar muchos detalles discrepancias entre el edil y el resto del Ejecutivo. No trascendieron los motivos de esta repentina marcha hasta un día después, cuando este periódico reveló que tanto el regidor municipal como el vicealcalde le forzaron a dimitir tras conocer un supuesto trato de favor a un hostelero de la plaza Huerto del Rey. Una conducta que la Fiscalía considera un delito de prevaricación por el que se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial. Se enfrenta a una pena de 10 años de inhabilitación para cargo o empleo público.

El relato del Ministerio Público se remonta a unas semanas antes a su dimisión. El 15 de septiembre de 2021, la Junta de Castilla y León remitió al Ayuntamiento de Burgos una solicitud de certificación para poder iniciar un expediente sancionador contra el bar Carpanta por una infracción detectada por la Policía Local. Dar el visto bueno para la posterior remisión a la administración competente de cara a continuar con la tramitación de la multa correspondía a Julio Rodríguez-Vigil, quien sin embargo no la firmó y la «hizo desaparecer».

Hubo un segundo requerimiento de la Junta de Castilla y León sobre este mismo expediente apenas unos días después y nuevamente los funcionarios del número 1 de la Plaza Mayor cumplimentaron la ficha y la pusieron encima de la mesa del concejal para su firma. Una vez más, la hizo desaparecer.

Rodríguez-Vigil actuó de igual manera, según la fiscal, en otras dos ocasiones con expedientes sancionadores referidos a este mismo negocio.

(Más información, en la edición impresa de este sábado de Diario de Burgos o aquí)