Campofrío nunca caminó sola en el proceso de reconstrucción de su principal fábrica;tampoco ahora lo hace. No solo percibió 313 millones de euros de las compañías aseguradoras por la valoración de los daños del siniestro y su repercusión en el negocio (bastante más de lo que costó la nueva fábrica, 225 millones), sino que todas las administraciones -además de agilizar al máximo todos los trámites para encauzar la situación- aportaron su paquete extraordinario y generoso de ayudas para sostener a la empresa cárnica, a sus principales proveedores y a los trabajadores y sus familias en los peores momentos.

La ciudad no se quedó atrás. Es más, diez años después de la catástrofe, sigue arropando fiscalmente a la empresa cárnica y aún le quedan años por delante, hasta 2031, para seguir haciéndolo. Los 1.673 puestos de trabajo (771 de ellos en Nueva Bureba) que la multinacional genera en Burgos, más los miles de empleos indirectos que sostiene en empresas auxiliares, transportes, proveedores, comercios y un largo etcétera más de servicios, bien valen un esfuerzo.

Campofrío se beneficia de una deducción del 95% en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) durante una década y del 50% durante otros cinco años más. Asimismo, no está pagando el 95% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por un periodo de diez años.

Aparte de estos tributos, el Ayuntamiento no 'facturó' a la cárnica el ICO, el Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras, de Nueva Bureba, que ascendió a 3,5 millones de euros.

Así, el montante total de ayuda fiscal directa asciende a 12 millones de euros, según los cálculos que se hicieron en el momento de la modificación de las ordenanzas para atender la catástrofe.

Estas bonificaciones han estado y están siempre condicionadas a que Campofrío mantenga una plantilla fija (650 puestos de trabajo), algo que está cumpliendo aunque, lógicamente, en una década se han producido jubilaciones, salidas e incorporaciones. 

Otro condicionante es la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del municipio que, hasta la fecha y pese a todos los problemas económicos excepcionales e históricos vividos en estos últimos diez años, no ha alterado los compromisos con la cárnica.

Modélico.
Por encima del montante económico y pese las dificultades jurídicas planteadas en un primer momento, una década después del siniestro es obligado recordar que todos los grupos con representación en el Ayuntamiento apoyaron sin fisuras ni guerras de siglas el proyecto de Campofrío. El alcalde  Javier Lacalle tuvo todo el apoyo para este proceso de reconstrucción.   

La ciudadanía -el contribuyente- también lo entendió así. El incendio ha supuesto y todavía supone un esfuerzo económico conjunto de todos, pero con esta tragedia y su resolución, Burgos y sus vecinos han dado un salto cualitativo como ciudad industrial, apoyando generosamente a sus empresas en sus peores momentos. Es un valor añadido, el del compromiso empresarial de la sociedad, que muchas veces se olvida y que debería utilizarse más para atraer más inversiones. 

De hecho, la política de ayuda fiscal a las empresas no es nueva en Burgos, es muy anterior al Polo de Desarrollo y se ha mantenido en el tiempo porque siempre ha dado frutos. Con el incendio de Campofrío los apoyos se revisaron al alza, beneficiando, por extensión, a aquellas empresas que se han visto en las mismas circunstancias y no solo en la ciudad, sino en el resto de España, que tomo esta estrategia de ciudad como modelo a seguir. 

Pandemia.
La dimensión e impacto de la crisis de Campofrío marcaron unas pautas de apoyo y rescate en las grandes catástrofes empresariales que alcanzarían su máxima expresión durante la pandemia. Sin fuego alguno, la enfermedad lo arrasó todo y durante largos meses. 

Además de la bonificación de los tributos municipales, la cárnica obtuvo importantes ayudas de la Seguridad Social, que le eximió del pago de las cuotas empresariales durante los dos años que duró la construcción, en total, 8,5 millones.

El ERTE de dimensiones no vistas hasta entonces que generó el fuego de La Bureba, con 774 trabajadores implicados, demostró que la fórmula de la suspensión temporal de los empleos pactada aporta flexibilidad a las empresas ante un parón repentino o catastrófico de la actividad y, sobre todo, genera tranquilidad y arropa a los trabajadores en este duro proceso. 

La pandemia generalizó años después el éxito que tuvo el expediente de Campofrío a todo el tejido productivo, enriqueció sus condiciones y circunstancias para beneficio de empresas y plantillas.

Paradójicamente, la catástrofe provocada por la DANAha dejado a otra planta de Campofrío, la de Torrent, muy dañada por las riadas y con sus cerca de 300 trabajadores en un ERTEde fuerza mayor.

La Junta, liderada por Juan Vicente Herrera, muy sensibilizado con la tragedia vivida en su ciudad, cubrió con sus ayudas el mantenimiento de las rentas de los cientos de familias afectadas y aportó 26 millones en ayudas directas.