El concejal de Movilidad y Transportes, José Antonio López, instó ayer al comité de empresa de autobuses urbanos a que le traslade por escrito los casos de uso fraudulento del bonobús gratuito para mayores de 65 años por parte de familiares que han detectado los conductores. El edil desmintió que este órgano de representación laboral informara de este problema ni al Servicio ni a él como máximo responsable. «No digo ni que haya existido ni que deje de existir pero el Servicio de Movilidad no sabía absolutamente a través del comité ni menos por parte de su presidente ni tampoco yo como concejal del área. Miente que algo queda», apuntó.
López indicó que la obligación de los conductores es no dejar subir a los viajeros que usan tarjetas que no les corresponden. «El sistema de ayuda a la explotación (SAE) permite identificar perfectamente al usuario de cada tarjeta. Si han detectado este problema, ¿por qué no nos lo han trasladado por escrito al servicio?, ¿por qué no me han dicho nada a mí?. No puedo intervenir, dado que no se me ha traslado nada», insistió.
Cabe recordar que el presidente del comité de empresa, Juan Jesús Nuño, trasladó a este periódico que los conductores estaban detectando el uso de las tarjetas expedidas a los mayores de 65 años para que puedan viajar gratis por parte de otros familiares, en algunos casos de manera reiterada. El concejal de Movilidad insistió en que este tipo de conductas son sancionables, tal y como se contempla en la Ordenanza de Movilidad Sostenible. «Se puede abrir un procedimiento sancionador si el comportamiento es reiterado e incluso avisar a la policía, dado que se está cometiendo un fraude al usar un documento que no es suyo», añadió.
El equipo de Gobierno instauró el autobús gratuito para los mayores de 65 años con el objetivo de fomentar su uso en esta franja de edad. Desde el 14 de mayo hasta el 31 de julio se han expedido un total de 10.274 tarjetas, de las que 5.179 corresponden a cambio de perfil, es decir jubilados que ya contaban con una tarjeta bonificada y han tenido que modificarla para disponer de la gratuidad del servicio, y 5.095 a nuevos usuarios. Además, hay 7.750 solicitudes pendientes de expedir y cuya tramitación concluirá en septiembre.
En cuanto al proceso de estabilización de las plazas de conductores de autobuses (101), el concejal recordó que el procedimiento se ha retrasado como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a incluir un cupo del 7% para personas con discapacidad que no se contempló en las bases y se ha tenido que subsanar. Se confía en que el proceso se culmine antes de fin de año.
También señaló que se han reforzado algunas líneas en las que el tiempo estaba más ajustado.