Cada vez que recibo una llamada de un teleoperador comercial desde el 29 de junio siento que me han tomado el pelo. Y es que no es una, son decenas de llamadas, con numeración nacional e internacional, y a cualquier hora del día. De nada ha servido bloquear un número, porque lo intentan con otro; de nada ha servido hablar con teleoperador en cuestión, que aprovecha el más mínimo silencio en la conversación para colarte su oferta comercial de luz, de telefonía, de gas... Cuelgas el teléfono hasta a las ONG humanitarias, que no dejan de pedirte una aportación o aumentar la que ya das... La última vez dijiste que 'no más...', pero insisten e insisten en llamar hasta la desesperación. Menudo trabajo al otro lado de la línea... cuántos insultos, gritos, burlas y cuántos cortes aguantarán cada jornada. 

El 29 de junio de 2023 entró en vigor el cambio en la Ley General de Telecomunicaciones que, literalmente, reconocer el derecho «a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales». Se vendió como el final de los usos comerciales más molestos y odiados por el ciudadano, los spam de las narices, pero no ha sido así. La modificación de la Ley es papel mojado casi un año después...

En mi caso y creo que en el resto de los ciudadanos, no ha servido para nada. Al parecer, la Ley no especifica que ese consentimiento previo está escondido en la página 50 de esos gigantescos contratos de letra pequeña que pasamos con el dedo gordo y que firmamos con un 'click' mientras miramos el móvil en el autobús, el ascensor o en el baño.... El legislador y también las empresas afectadas sabían perfectamente que si nadie es consciente de que 'consiente', hay vía libre para el spam. Unos y otras nos están tomando el pelo. Una vez más...