La siniestralidad laboral en Burgos mantiene el balance negativo y la tendencia de los últimos años, una situación que preocupa a empresarios, sindicatos y Administración. Hasta mayo, se han registrado 5 trabajadores fallecidos en diferentes circunstancias laborales, el mismo número que en el año precedente, que también fue negativo. 

La mala racha se inició en enero, donde se contabilizaron dos muertes de burgaleses, una de ellas en Miranda de Ebro (que inauguró la estadística local vigente) y la otra en la vecina cantera de Peñacerrada, en Álava. 

El balance oficial de los cinco primeros meses del año, dado a conocer por el Ministerio de Trabajo y Economía Social esta semana, cifra en 2.192 los accidentes laborales con baja durante la jornada en la provincia, a los que hay que sumar otros 191 siniestros in itinere (durante los desplazamientos). 

Durante la jornada se contabilizaron 5 muertes, 11 accidentes graves y 2.176 leves que requirieron de una baja médica. No hubo fallecimientos en los desplazamientos durante el trabajo, pero sí un herido grave y 190 leves. 

Lejos de descender, la siniestralidad aumenta, con el coste humano y empresarial que ello conlleva. Desde la crisis de la pandemia, en 2020, han fallecido 43 trabajadores en Burgos y la cifra de accidentes con baja se sostiene en el tiempo. 

Las causas y circunstancias de estos siniestros son muy variadas, aunque los sindicatos llevan tiempo abogando por una nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales que revise y actualice la que lleva en vigor 29 años y cuya aplicación supuso una revolución modélica en el mundo del trabajo.

Reclaman, entre otras demandas, más medios humanos y económicos para la Inspección de Trabajo, organismo clave en este ámbito, y que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado participen activamente en el control de las medidas de seguridad en las empresas, es decir, en que todas apliquen la ley y no cometan abusos. 

Apuestan por un tratamiento diferenciado de las enfermedades mentales, que pueden estar detrás de muchos de los incidentes que acaban en la estadística de la siniestralidad, así como profundizar en las medidas de prevención más acordes a la realidad y las necesidades de la mujer trabajadora. 

La nueva ley debe adaptarse a los cambios del mundo del trabajo, como la revolución tecnológica derivada de la digitalización de los procesos productivos, el cambio climático o el envejecimiento de la población activa, lo que supone un riesgo añadido, máxime en una provincia como Burgos.