El PSOE presentó ayer sendas solicitudes para anular dos modificados presupuestarios en el contrato para la construcción y gestión del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) que supusieron un sobrecoste, según sus datos, de 285 millones de euros sobre el precio inicial. Así lo anunció el secretario general, Luis Tudanca, quien explicó que se trata de un modificado relativo a la ejecución de la obra, cuyo importe fue de 133 millones, y otro sobre equipamiento por valor de 152 millones.
Para Tudanca, ambos modificados son «nulos de pleno derecho» al basarse en argumentos que «son mentira», por tratarse de modificaciones que «ya se contemplaban en el contrato inicial» y que, por lo tanto, «ya se incluía su pago en el presupuesto de partida». Así, en el caso del modificado de obra, puso como ejemplo la partida para adaptar el nuevo hospital a universitario, algo que «ya se contemplaba desde el principio y no necesitaba fondos adicionales», a pesar de que incluso «con la revisión se redujo la superficie destinada a la docencia».
Asimismo, se contemplaba en esta nueva partida la creación de un Instituto de Investigación Biomédica que «ni se ha hecho ni se va a hacer», algo que «también ha ocurrido» con el proyecto de construcción para unir el nuevo centro con el Hospital Divino Vallés a pesar de que éste «ya estaba previsto». Todo esto ha generado que la construcción haya alcanzado los 528 millones, aunque ha advertido de que la cifra «superará los 2.000» cuando acabe el contrato.
El PSOE estudia acudir al Contencioso-Administrativo en función de la respuesta de la Junta a la petición de nulidad, cuya resolución tiene un plazo de tres meses y cree que la anulación de estos dos modificados sirva para iniciar la negociación que «permita rescatar el hospital y devolverlo a la gestión pública», algo que implicaría una indemnización a las empresas adjudicatarias, tal como ha reconocido Tudanca, pero que «en cualquier caso sería menor que los 2.000 millones que va a costar». Por otro lado, mostró su compresión hacia las empresas que «defienden sus intereses», pero ha pedido que la Junta vele por los de «los ciudadanos».