El proyecto de la nueva piscina climatizada ha recibido otro varapalo. El líder delPartido Popular en Miranda,Sergio Montoya, desveló ayer durante el pleno que le habían hecho llegar una información según la cual el Ayuntamiento ha recibido una nueva sentencia en contra sobre este asunto, que lleva encallado en los tribunales desde hace años. Y los datos que manejaba el edil del PP eran correctos.Sin embargo, el equipo de gobierno lo ocultó durante la sesión, ya que guardó silencio ante esa cuestión, a diferencia de otras preguntas previas en las que sí intervinieron algunos miembros como la propia alcaldesa, Aitana Hernando.
Es más, el Consistorio tenía conocimiento de la sentencia desde mediados de junio, aunque no lo había hecho público ni tan siquiera cuando este periódico preguntó expresamente a la primera edil por este asunto en una entrevista que tuvo lugar en esas fechas, y ayer tardaron varias horas en reconocer la situación. La resolución, dictada por el Juzgado de loContencioso-Administrativo de Burgos, estima parcialmente las pretensiones de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que resultó adjudicataria de las obras, formada por las compañías Yárritu yOjembarrena.
Ambas firmas presentaron un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la junta de gobierno local que desestimaba su anterior recurso de reposición sobre la decisión del Ayuntamiento de adjudicar las obras por casi 3,4 millones de euros en lugar de modificar los precios. Las empresas consideraban que, después de años de juicios, debía cambiarse el coste de los trabajos para ajustarlos a la nueva situación económica y en la última sentencia se ha terminado aceptando que ha de llevarse a cabo una fijación de esas cuantías por parte de un perito judicial.
El Ayuntamiento no está conforme con esta resolución. De hecho, ya ha llevado el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Castilla yLeón. Según informaron desde la propia administración municipal casi cuatro horas después del pleno de ayer, en el recurso de apelación presentado se han alegado«cuestiones procesales de inadmisibilidad de la demanda por desviación procesal». El Consistorio considera que las adjudicatarias de las obras de la nueva piscina «no están pidiendo lo mismo» en su última actuación en los tribunales «que en la vía administrativa», ya que en esa instancia «no se llevó a cabo ningún procedimiento de actualización de precios como tal».
Unido a ello, el recurso de apelación, que se presentó el 20 de junio, contempla «varias alegaciones de incongruencia de la sentencia». Los letrados de la administración local de Miranda opinan que «se estima parcialmente la demanda sin haberse declarado previamente la nulidad o anulabilidad del acto administrativo del acuerdo de la junta de gobierno local que desestimaba el recurso de reposición». Finalmente, el Ayuntamiento ha incluido en el documento elevado alTribunal Superior de Justicia otros matices, como que «la sentencia concede más allá de lo solicitado porque obliga al perito judicial a elaborar su informe utilizando la metodología del perito de las adjudicatarias, cosa que estas nunca pidieron» o que la resolución «habla indistintamente de revisión de precios, actualización y fijación de presupuesto de ejecución como si fueran sinónimos cuando no lo son».