Es casi imposible encontrar algún profesional de la justicia en los diferentes edificios de la provincia que no se queje de la situación de colapso generalizada. Y cada año que pasa, por diferentes razones, es peor. Quedan pendientes más procedimientos, el personal es el mismo o incluso menor, los medios son cada vez más limitados y, para colmo, las suspensiones no paran de crecer. La jurisdicción penal es la más aquejada por esta problemática y ni siquiera los refuerzos designados evitaron el pasado año que se finalizase con más casos pendientes. Se celebraron más, sí, pero también se incrementaron un 12% las cancelaciones. Un «mal endémico», como lo calificó hace unas semanas el fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena.
A nivel estadístico, la memoria del Ministerio Público no deja lugar a la duda. En 2022 se suspendieron 275 juicios más que el ejercicio anterior. Se celebraron 2.646 y se cancelaron 1.420, lo que significa que una de cada tres vistas terminan pospuestas. Como la gran mayoría son causas sin preso, pasan al final de la lista. Actualmente se está señalando para dentro de un año.
«A veces se buscan huecos en las agendas si hay otras suspensiones o si se quedan libres fechas, pero lo normal es que, si se cancela un juicio, el justiciable tenga que esperar un año para resolver su procedimiento», lamenta Juan Carlos Bañuelos, abogado penalista que advierte que este es el mayor problema de esta situación. «Nosotros también lo sufrimos, porque hasta que no se termina no cobramos, pero en realidad quien paga las consecuencias es el cliente. Al fin y al cabo, su nivel de preocupación y estrés se incrementa».
El problema tendría fácil solución si hubiera una única casuística, pero lo cierto es que es variada. Bañuelos explica por ejemplo que, en muchas ocasiones, se presentan en la fecha señalada, entran en la sala y resulta que un testigo no ha sido citado. «Antes, un sólo funcionario llevaba el caso y lo tenía todo ordenado. Ahora, pasa por tantas manos que al final es normal que ocurran este tipo de cosas», indica. También es bastante común que se presenten algunas pruebas que, a petición de algunas de las partes, deben analizarse con más detenimiento, lo que obliga a posponer la causa. En menor medida, aunque puede ocurrir, se dan incompatibilidades del órgano juzgador. Es lo que pasó hace unos días en la Audiencia Provincial. Un cambio en las penas obligó a cancelar la vista contra los autores de disturbios en Gamonal para trasladarlo a un juzgado penal.
«Que se suspenda un juicio no sólo es malo para un abogado, sino para el resto de las partes. Sobre todo cuando el plazo para retomarlo es de un año en adelante. Tienes que volver a prepararlo casi desde el principio», apunta Juan Carlos Bañuelos. El propio fiscal superior, en su discurso de apertura del año judicial, también hizo hincapié en este asunto y reconoció la gran cantidad de «situaciones indeseadas» que se producen a diario para los justiciables y también para las «víctimas», que no encuentran en la justicia la respuesta y, sobre todo, la rapidez deseada.
Santiago Mena advirtió de que, pese a conocer la problemática, aún no han encontrado una explicación para poder dar solución y lograr que estas situaciones no ocurran tan a menudo. Bañuelos también avisa de que el problema «tiene mala solución», sobre todo porque no se invierte en más medios técnicos y mucho menos humanos.
Tasa de congestión. Las suspensiones de juicios ahondan en el colapso que los juzgados burgaleses sufren desde hace muchos años. Cuando aún no habían logrado recuperarse de los efectos de la pandemia, llegaron las dos huelgas de justicia, primero de los letrados de la administración (antiguos secretarios judiciales) y después la de los funcionarios. Este último colectivo seguramente vuelva a los paros si el nuevo Ejecutivo central no atiende a sus reivindicaciones. De ahí que los asuntos pendientes y el nivel de congestión se hayan incrementado casi un punto en apenas un año.
«No nos cansamos de repetirlo. Para nosotros es como una nueva pandemia», subraya la decana del Colegio de Abogados, Mónica Pérez Villegas, quien hace de altavoz para otros miembros de su junta directiva que protestan por esta problemática. «Nunca se han visto estos niveles de retraso, ni siquiera cuando se implantó la nueva oficina judicial».