El Procurador del Común de Castilla y León ha puesto el foco en la falta de atención en salud mental a los menores de edad en Aranda y su comarca. En una actuación abierta por esta institución pública, pide a la Junta de Castilla y León que cree «una unidad o servicio específico de salud infantojuvenil en Aranda de Duero o, en su caso, dotar a la Unidad de Salud Mental existente en esta localidad de los recursos humanos suficientes y especializados para atender a la población menor de edad y, así, evitar su hasta ahora obligado desplazamiento a Burgos».

La oficina comandada por Tomás Quintana supo «al anunciarse en los medios de comunicación» que en la comarca ribereña sólo se atendía a los mayores de 17 años, por lo que «los menores de esta edad deben desplazarse a Burgos y enfrentarse a excesivos periodos de tiempo entre consultas para recibir atención psicológica o psiquiátrica». Una situación que sufrieron 77 pacientes de Psiquiatría y 51 de Psicología que tuvieron que acudir a la capital desde la comarca para asistir a su primera consulta en 2021. «No cabe explicación a la situación en la que un niño o adolescente afecto de cualquier patología pueda ser tratado en atención primaria en Aranda, salvo que su patología sea mental, y a que para recibir atención y medicación psiquiátrica, incluso por un cuadro leve, tenga que desplazarse a una ciudad situada a más de 80 kilómetros de la suya de residencia», critica el Procurador del Común.

Una situación que califica de «privación de un derecho tan elemental como el de ser tratado de cualquier enfermedad» que pone de manifiesto «un elemento de desigualdad en el ejercicio pleno del derecho a la salud mental de niños y adolescentes» por lo que se pide desde esta institución regional «el desarrollo de un mayor esfuerzo que equilibre el modelo asistencial existente».
Los pacientes que sufren esta falta de una unidad de salud mental infantojuvenil en Aranda son los que corresponden a las dos zonas básicas de salud de la capital ribereña, además de la del ámbito rural, junto con las de Roa y Huerta del Rey. «Es preciso considerar la necesidad de que estos menores sean tratados en igualdad de condiciones al resto de la población con afecciones psiquiátricas y con las mismas garantías que si padecieran cualquier otro tipo de patología», remarca el Procurador del Común en su resolución.