Los propietarios de viviendas, locales o empresas que para entrar o salir con sus vehículos deban atravesar una acera o un espacio de dominio público tienen que pagar una tasa municipal anual y colocar una placa que así lo indique. Quienes no lo hagan se arriesgan a ser multados. El año 2013 se inició una campaña de inspección con el objetivo de peinar toda la ciudad y detectar irregularidades pero que once años después todavía no se ha culminado. De los 4.058 que conforman el padrón fiscal, faltan por supervisar un total de 1.770, de los que 854 están en los polígonos industriales y el resto repartidos por la ciudad.

Y es que el denominado 'operativo de vados' sí tuvo continuidad de manera anual hasta 2017 por parte de la Policía Local de acuerdo a los expedientes que le iba marcando la Inspección de  Rentas pero a partir de ese año solo se han ido realizando inspecciones a requerimiento ciudadano y en algunos casos de oficio.

La falta de personal, otras prioridades y la pandemia detuvieron ese trabajo sistemático que se espera retomar este mes, especialmente en las zonas industriales. Y que para llevar a cabo la supervisión, la Unidad de Policía Local Administrativa necesita tener el listado actualizado de vado y saber si están o no al corriente del cobro de la tasa. Los agentes también comprobarán si se han corregido los defectos detectados en anteriores inspecciones y si las denuncias efectuadas se han regularizado. 

El Ayuntamiento espera ingresar por esta tasa un total de 2.618.000 euros en 2024, según los datos recogidos en el presupuesto. De los 4.058 rebajes (3.204 en el caso urbano) se han inspeccionado hasta el momento 2.288 en una veintena de zonas de la ciudad que han dado lugar a 1.313 informes realizados y remitidos tanto a la sección de inspección de rentas (1.137) como al Servicio de Movilidad y Transporte Urbano (186).

En cuanto a los primeros, se han detectado 867 que tenían un portón con rebaje y sin placa y no figurar en el padrón fiscal, es decir que no tributaban. A ellos se suman 162 con portón sin placa y con acceso desde calle peatonal, otros 89 que tenían placa pero que no figuraban en el censo administrativo por ser de reciente construcción y 28 por error en la ubicación en el padrón de vados. Respecto a los informes remitidos al Servicio de Movilidad son, sobre todo, por tener en mal estado placas (o caducadas) o bordillos o pintura. 

La barriada de los Ríos encabeza el número de inspecciones con un total de 3.878 en las que se levantaron más de un centenar de informes de infracción. La mayoría son casas unifamiliares que no hicieron rebajes cuando se reurbanizó la zona en 1995 y se les reclamaron los recibos de diferentes años. Una situación que ya se ha dado por regularizada después de que se comprobara que en algunos casos sí pasaban vehículos mientras que en otros eran residencias de personas mayores que nunca habían tenido garaje y las puertas daban acceso a huertas o un jardín y en otros casos se trataba de herencias de sus padres y no vivían en ellas.

Le sigue en número el barrio de Capiscol con 358 inspecciones. También se han revisado ya todos los de la barriada San Juan Bautista (207) y los de Villafría (160). En Villímar los agentes ha supervisado 129, en la Castellana y Cellophane, 149, en Bakimet-El Pilar 123 y en Cortes, 62, por citar algunos.
En cuanto a calles, encabeza la lista la avenida de Las Huelgas, con 106. Le sigue el paseo de los Pisones con 68, Condesa Mencía con 67, Jerez con 49, San Pedro y San Felices con 45 o la calle Madrid con 38. También se han peinado las calles Benito Gutiérrez, La Cátedra, Juan Alcedo de la Rocha, Sagrado Corazón, Francisco Sarmiento, Mérida, Arroyo de Ginés y Ávila con 163 inspecciones. 

La Inspección Tributaria se encarga de facilitar el censo a la Policía Administrativa, que es la que supervisa si se cumple o no con la legalidad. Tras la correspondiente inspección y con las pruebas pertinentes de los agentes, Inspección remite al propietario la propuesta de regularización. Se puede girar el recibo hasta con cuatro años de retroactividad, que es el máximo que permite la ley en materia tributaria. Las revisiones están permitiendo descubrir a particulares que no pagan vado pero también a comunidades. Hasta ahora la regularización ha reportado a las arcas municipales unos 175.000 euros. 

Los afectados pueden presentar alegaciones y, en el caso de la falta de placa, se les suele llamar al orden y, si la ponen de inmediato, no se les sanciona. Cabe recordar que el Tribunal Económico Administrativo, el órgano municipal al que deben acudir los contribuyentes que no están de acuerdo con un tributo antes de ir a la vía judicial, estableció que el informe de la Policía Local debe ir acompañado de un reportaje fotográfico en el que se demuestre la infracción. No basta con fotografiar el portón sin la correspondiente placa de vado sino que deben realizar una fotografía del vehículo entrando en el garaje o «será difícil» que prospere el expediente sancionador.