Primero fue que los alumnos puedan pasar de curso sin límite de suspensos y ahora que el castellano no sea lengua vehícular en aquellos territorios con idioma cooficial. Esta es la última aportación del Ministerio de Educación, ya pactada, sobre la reforma educativa, también conocida como Lomloe o ley Celaá. 

Los grupos parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos y ERC presentaron ayer una enmienda conjunta a la reforma de la ley educativa que contempla la eliminación del castellano como lengua vehicular, según confirmaron fuentes parlamentarias.

La iniciativa, impulsada por ERC, pretende introducir la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo, aunque la educación en castellano, según destacan desde las filas socialistas, estaría garantizada.

El objetivo es, por un lado, blindar la inmersión lingüística en Cataluña, garantizar el conocimiento de todas las lenguas cooficiales del Estado y que la medida tenga encaje constitucional.

El texto, que todavía no está cerrado, se someterá a votación mañana en la Ponencia de la Comisión de Educación del Congreso.

El proyecto de reforma no recogía esta opción, al establecer que «las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios», así como que «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable».

La actual ley de educación (la llamada ley Wert) también recoge que: «El castellano es lengua vehicular en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades según sus Estatutos».

una norma fundamental. En este contexto, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, llamó a la prudencia, dado que aún no se ha votado: «Hay que esperar a los debates que se están produciendo en la Comisión a que lleguemos a un consenso lo más amplio posible para que haya perdurabilidad de la ley en los próximos años».

«Hay que dialogar con el conjunto de fuerzas políticas para intentar consensuar un texto que reconozca la libertad, la diversidad y la situación que vivimos en nuestro país, tanto en términos de pluralidad cultural y lingüística», señaló la ministra.

Montero zanjó el tema recordado que «una ley de educación no es una ley más», sino que «es una de las leyes más importantes» que está actualmente impulsando el Gobierno en esta legislatura.

Además, en el «caso hipotético» de que se detectase que alguna de las dos lenguas está desequilibrada en algún territorio, se establecerán «medidas» para garantizar ese derecho, subrayó  la portavoz de Educación socialista en el Congreso, Luz Martínez Seijo.