Hace tres años el Cabildo de la Catedral encargó a las religiosas del Instituto Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará la responsabilidad de ocuparse de las labores de la sacristía y de la pastoral del primer templo de la provincia. Desde entonces, vienen llevando a cabo esta función con sus llamativos hábitos de color añil y sus nombres singulares (María Lirio Angelical, María Madre Dei Fedeli y María Fons Signatus fueron las primeras en llegar) atendiendo a los turistas y a los fieles, ocupándose de que todo esté limpio y a punto (flores, velas, casullas, objetos sagrados...) y ofreciendo los viernes algunas actividades infantiles de catequesis como conocer los secretos del templo, hacer manualidades (a las niñas) o aprender a ser monaguillos (a los niños). Esta orden, que tiene una casa en Burgos, denominada Santa María la Mayor y erigida por decreto del arzobispo Mario Iceta en 2021, es la rama femenina del Instituto del Verbo Encarnado, entidad que acaba de ser intervenida por Roma.
¿La causa? Que su fundador, el argentino Carlos Buela, cometió delitos de agresión sexual, abusos psicológicos y económicos contra varios miembros y exmiembros de la orden, tal y como sentenció en 2020 un tribunal penal especial del Vaticano que conoció de esta causa, a pesar de lo cual y a día de hoy sus componentes siguen «considerándole injustamente perseguido» y afirmando que sus víctimas son «falsas y carentes de sinceridad», tal y como puede leerse en el decreto de intervención, que tiene fecha de diciembre de 2024. La sentencia es de hace cinco años pero los problemas con el Verbo Encarnado vienen de antes. En 2016 ya se había nombrado un comisario pontificio para hacer frente a «situaciones críticas en el ámbito del gobierno y de la formación» y un análisis de los numerosos problemas, «sobre todo referidos a la persona y al comportamiento del fundador».
Frente a esta situación en el Vaticano se considera necesaria una «conversión eclesial» por parte de todo el cuerpo del Instituto, que comporte «la real y concreta disponibilidad y disposición a escuchar y a acoger las directivas de la Iglesia, superando un comportamiento de absoluta resistencia a cualquier cambio, inculcado por el fundador». Para llevar a cabo este encargo el Papa Francisco ha designado al obispo de Teruel, José Antonio Satué, y a la religiosa de la orden Hijas de Jesús, Clara Echarte, como delegados dirijan la «conversión eclesial».
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