Limpieza urbana, aparcamiento regulado (ORA), asistencia domiciliaria, centros cívicos, hospitales y también vertederos... La externalización de servicios básicos por parte de todas las Administraciones Públicas no deja de generar conflictos colectivos y de alertar a los sindicatos. 

El más reciente es el que afecta a los trabajadores del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR)de Abajas, que viven pendientes desde hace unos días de un fallo del Juzgado de lo Social Número 2 de Burgos, que es el que determinará si tienen derecho a cobrar los aumentos salariales acordados y firmados en el año 2022.  

Desde entonces, el medio centenar de empleados de esta planta del vertedero han pasado de depender de Cespaa la actual concesionaria, PreZero, que no ha abonado las alzas salariales de parte del ejercicio 2003 y de lo que va de 2024.

El conflicto lleva semanas enquistado, incluso obligó a la mediación del Serla, aunque no se logró un acuerdo. Dada la parálisis de la negociación, los trabajadores plantearon un conflicto colectivo ante el Juzgado de loSocial de Burgos para reclamar unas subidas que se extienden a lo largo de los cuatro años pactados, vinculadas a la evolución del IPC, al convenio estatal sectorial y a las mejoras que se acordaron para elevar el poder adquisitivo de estos trabajadores.

Tras la celebración de la vista judicial a principios de junio se está pendiente de la decisión del juez.

Los representantes sindicales de los afectados (CGT) entienden que el contrato con la nueva gestora del CTR, instalación que depende del Consorcio Provincial de Residuos (Diputación), incluye los términos del convenio y el acuerdo laboral alcanzado previamente con los trabajadores. Lo que parece algo lógico, resumen, ha sido imposible reconducirlo por los cauces de la negociación y ha sido necesario acudir  a los Juzgados.  

Recortes. Los sindicatos denuncian que lo que ocurre en Abajas es generalizado en unos contratos de externalización de servicios públicos que van «a precio». Los recortes para optar a estas concesiones se centran en las condiciones económicas de los trabajadores. «Es importante que los convenios tengan cláusula de subrogación para pasar de una concesionaria a otra con las mismas condiciones laborales y que las mismas se tengan en cuenta a la hora de negociar un nuevo convenio o un pacto de empresa», detalla Marcos Citores desde CCOO, quien denuncia que, por la experiencia vivida en los últimos años, «todo aquello que está externalizado solo tiene un sentido: lucrar a las empresas que prestan estos servicios. Ni aportan mejores condiciones para los trabajadores ni tampoco para el usuario de estos servicios, el ciudadano».

En este sentido, se echa en falta la aplicación de la 'baja temeraria' en la Ley de Contratos de la Administración, que evitaba hacerse con una concesión por debajo de su coste. «Hoy las empresas justifican esta baja temeraria para optar a los concursos y lo hacen penalizando las condiciones laborales de los trabajadores y la calidad del servicio».