Los titulares se los suele llevar la memoria anual de la Fiscalía General del Estado con sus datos sobre criminalidad, pero en paralelo al gran organismo estatal dependiente del Ministerio de Justicia hay una subdivisión, la del Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, que todos los años repasa la situación del territorio español en lo que compete a sus delitos y realiza un pormenorizado estudio de las zonas más peligrosas.

En particular lleva unos cuantos años centrándose en la lucha contra los incendios forestales y al menos desde 2013 emite un cuadro detallado para todas las provincias españolas en el que analiza los vertederos, las líneas eléctricas y las áreas recreativas que presentan más riesgo como potenciales focos de un siniestro.

En todas ellas, cada una con sus particulares características, existe una probabilidad más o menos elevada de que se provoque un fuego y por eso el Estado, con la imprescindible colaboración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos (más cercanos al territorio y por tanto que conocen bien sus particularidades), se empeña en ir reduciendo las que se consideran de "riesgo potencial" para el hombre y para la naturaleza.

En la provincia de Burgos, según los últimos datos hechos públicos a finales del año pasado y que pertenecen al trabajo llevado a cabo durante el ejercicio 2018, permanecen vigilados un total de 57 ‘puntos calientes’. La mayoría se corresponden con los tendidos de electricidad (exactamente 24) y con las áreas recreativas (23), aunque también figuran una decena de vertederos.

Como puede observarse en el cuadro que acompaña a estas páginas, la Sala de Medio Ambiente y Urbanismo establece para cada una de ellas un análisis pormenorizado. Así, en el caso de los vertederos subraya que el año anterior tenía localizados 13 pero se ha logrado eliminar 3 de ellos, y no coloca a ninguno en el apartado de "riesgo alto" sino que los deja como "medio".

El número de líneas eléctricas no varía respecto al año anterior y ninguna de ellas presenta un peligro elevado, mientras en el caso de las áreas recreativas se ha generado una caída muy acusada respecto al ejercicio anterior, cuando se censaron 39. La gran mayoría, sin embargo, siguen siendo consideradas una seria amenaza.

Resulta llamativo que en ninguno de los casos se hayan producido incendios a lo largo del ejercicio estudiado por la Fiscalía General del Estado, pero es algo que se repite en la inmensa mayoría de provincias españolas salvo contadísimas excepciones, lo que demuestra que en general la vigilancia y las consiguientes medidas preventivas surten efecto.

Si tenemos en cuenta la evolución a lo largo de los últimos años de esta misma estadística, que va quedando reflejada en las memorias anuales de Medio Ambiente, veremos que en el año 2014 el número de puntos con potencial riesgo de incendios ascendía entonces hasta los 107. 

El recorte de casi el 50% sobre aquel llamativo punto de partida se ha logrado sobre todo en los vertederos, pues llegaron a estar señalados 32, y en las áreas recreativas en las que se pasa de 39 a 23. Por el contrario, no se ha mejorado nada en el caso de las líneas eléctricas.

Ojo a las ‘chuletadas’. Actuar sobre estas últimas (donde el peligro deriva de las aves que chocan contra ellas, se electrocutan y caen al suelo ardiendo provocando a su vez el fuego) implica una mayor complejidad, mientras resulta más sencillo hacerlo sobre las áreas recreativas en las que los accidentes vienen de las tradicionales barbacoas. 

La cultura de la ‘chuletada’ ha dado históricamente muchos sustos hasta que desde hace unos años se endureció de forma evidente la actuación de las administraciones. La Junta prohíbe el encendido de las parrillas al aire libre durante toda la temporada alta de incendios, que discurre de junio a septiembre, excepto si hay una petición previa de las entidades locales a cuyo territorio correspondan y están situadas en recintos con determinadas características. 

Se requiere por ejemplo que cuenten con tres paredes, que tengan sistemas antichispa, una vigilancia permanente cerca de la llama o las brasas por parte de quien esté utilizando la barbacoa y una distancia mínima hasta la masa vegetal que ejerce de combustible (que debe ser de tres metros medidos en horizontal y 5 metros de altura hasta las copas de los árboles en el caso de que coincidan en la vertical del merendero en cuestión). Previamente a la concesión de las autorizaciones, la zona objeto de solicitud es revisada previamente por los agentes medioambientales, quienes elaborar un informe sobre las si las barbacoas cumplen o no las condiciones establecidas en la orden. 

Entre otras muchas exigencias, debe haber una persona de contacto de la entidad local localizable en cualquier momento del periodo de uso y, en todo caso, queda prohibido encender el fuego si la temperatura supera los 30 grados o hay rachas de viento superiores a 10 kilómetros por hora.