La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas aprobada en el año 2012 y que, en alusión a su impulsor se popularizó como 'Ley Montoro', ha marcado desde entonces los límites económicos de la gran mayoría de los ayuntamientos españoles. En el caso del de Burgos, esté corsé del Gobierno ha constreñido su capacidad inversora, pero también ha servido para que la deuda municipal se vaya a reducir entre 2014 y 2024 en más de 215 millones de euros. Dicho de otra manera, si antes cada burgalés debía 2.184 euros, ahora la cifra ha caído hasta los 926.

El último empujón para reducir la deuda vendrá por los 40 millones de euros que el Ayuntamiento va a reducir este año de la deuda de los consorcios. Alrededor de 10 con las amortizaciones ordinarias de este ejercicio y los otros 30 con recursos procedentes de los remanentes de tesorería.

La reducción de la deuda en la última década de 381 a unos 164 millones de euros (esta cifra se concretará de manera más precisa al cierre del ejercicio) obedece a que durante todo este tiempo el Ayuntamiento ha tenido una deuda viva en relación de los ingresos corrientes por encima del 110%. Dicho de otra manera, el Gobierno (salvo en los años de la pospandemia) ha obligado a destinar la mitad del superávit a la amortización de deuda y al mismo tiempo ha impedido al Consistorio acudir a las entidades financieras en busca de nuevos créditos.

La evolución hasta llegar a este momento ha hecho que la situación económica del Ayuntamiento haya dado un giro, ya que la deuda viva está ya por debajo de ese umbral del 110% y el Ayuntamiento podría recurrir de nuevo al endeudamiento. Algo que ya hacía en los tiempos de las vacas gordas, previos a la gran crisis financiera de 2010 y 2011. No obstante, el Gobierno de coalición del PP y Vox no ha dado, al menos hasta el momento, ninguna pista de que esté pensando en pedir créditos.

No se puede descartar esta posibilidad a lo largo del actual mandato, ya que el Ejecutivo municipal está anunciado la ejecución de inversiones millonarias y la realidad es que los recursos no dan para todas ellas. A esto se suma que el gasto corriente se ha disparado en alrededor de diez millones de euros en el último año y las partidas para la prestación de servicios no tienen ninguna pinta de que se vayan a reducir.

En realidad, donde sí se ha anunciado la intención de endeudarse es en la Sociedad de Aguas. De hecho, su plan financiero, aprobado el año pasado, contempla pedir créditos por valor de 33,7 millones de euros para la realización de inversiones. Eso sí, tampoco es descartable que se dé marcha atrás a la vista de que se está muy lejos de cumplir las previsiones de ejecución de inversiones con las que se justificó una subida de la tasa del 9,5%.

La situación, mucho mejor que la de 2014, tampoco es para echar las campanas al vuelo, ya que la deuda del Ayuntamiento de Burgos sigue siendo elevada y los consorcios han condicionado en buena parte la política municipal. Nadie duda de que era urgente sacar las vías del tren del centro de la ciudad y obligado ampliar Villalonquéjar, ya que la falta de suelo industrial estaban impidiendo que nuevas empresas se asentaran en la capital. De la misma manera, también se discute cada vez menos, desde la posición también ventajista del paso del tiempo y en otro contexto diferente, que la factura que se está pagando desde hace un par de décadas y que aún está lejos de abonarse no va a ser precisamente barata.

La mejor noticia es que la deuda propia del Ayuntamiento ha desaparecido y la de los consorcios se va reduciendo poco a poco.

Los últimos equipos de Gobierno, independientemente del color político, han presumido de haber contribuido de manera decisiva a la reducción de la deuda en más de 200 millones, pero suelen obviar que si se ha llegado a esa situación ha sido por un imperativo legal y por la reiterada baja ejecución presupuestaria.