Dos guardias de seguridad durante los fines de semana en lugar de uno. Y después del verano, más cámaras de viodevigilancia en puntos estratégicos. Son las últimas medidas que ha adoptado o piensa adoptar en breve la comunidad de propietarios de Pentasa III ante lo que consideran un notable aumento del número de naves-chamizo, que ha pasado de 9 a finales del año pasado a 19 actualmente, convirtiéndose en lugar de ocio nocturno para muchos jóvenes.

La primera de las acciones se puso en marcha el pasado julio. Dos vigilantes controlan la entrada al polígono durante las noches del fin de semana (de jueves a domingo) solicitando la identificación de cuantos acceden, que previamente han tenido que ser autorizados por los propietarios de las naves.  «Llegan entre 60 o 70  por nave, por lo que si son 19 las utilizadas para este fin pueden ser hasta 1.300 jóvenes», afirman desde Sabidel Gestión Inmobiliaria, administradora de la comunidad de propietarios del complejo industrial, que también alude a que los partes de control evidencian la entrada en el recinto de menores de edad: «29 en una sola noche».

Al elevado número de personas, añaden las condiciones deficientes en las que se encuentran los locales. «Estas naves no están adecuadas, puesto que se han dividido en habitáculos sin medidas de seguridad alguna, pudiendo ocurrir un accidente en cualquier momento», precisan, al tiempo que apuntan que dos de ellas hacen las veces de «discotecas». Pero además, se refieren a desperfectos que se han producido tanto en vehículos aparcados como en otras lonjas. Por todo ello, la comunidad de propietarios tratará en su próxima reunión la colocación de más cámaras de videovigilancia en las entradas y salidas, así como en puntos estratégicos con el fin de que actúen como medidas disuasorias.

A las acciones concretas que van tomando los empresarios de Pentasa III (el coste de la seguridad privada asciende a 7.000 euros al mes), se ha sumado recientemente la presentación de un nuevo escrito en el Ayuntamiento y del que aún no han tenido respuesta. En él realizan las «advertencias oportunas de los hechos observados por si hubiera un posible accidente». En el documento instan a que «se den las órdenes oportunas para comprobar las actividades que se desarrollan en las 19 naves y si cumplen con toda la normativa vigente, también en materia de incendios, y que en caso contrario se adopten medidas».

La comunidad de propietarios quiere llamar la atención sobre lo que considera una «grave situación de riesgo que ha pasado de un simple botellón, con un número controlado de jóvenes, a un macro lugar de ocio en el que falta la seguridad». De igual forma, critican la «pasividad de los organismos competentes que miran hacia otro lado», lo que, en su opinión, lleva a los empresarios a tener que asumir «con sus propios medios» toda la seguridad.

Desde hace 13 años

El administrador de fincas de la comunidad de propietarios tiene constancia que la situación se viene denunciando desde el año 2000. Al principio, se trataba de naves que ocupan grupos de música, al no haberse puesto todavía en funcionamiento el Hangar. Pero a esas se fueron uniendo otras con otros usos más cercanos al botellón. Después de aquellas denuncias iniciales, en 2005 se dictaron sendos decretos por parte del Ayuntamiento para «clausurar cautelarmente las naves al no poder legalizar la actividad desarrollada en las mismas». La orden de desalojo no llegó a materializarse y el entonces concejal de Juventud, Diego Fernández Malvido, intentó buscar soluciones para los grupos de música que hacían uso del complejo y que pasaban por la legalización de las lonjas, aunque la complicada tramitación administrativo hizo desistir a más de uno.

En 2007, la comunidad de propietarios asegura que el Consistorio ordenó clausurar siete naves «al no poder legalizar la actividad que se desarrollaba en las mismas», acordando imponer multas de 600 euros. «A día de hoy no se tiene constancia de que se hayan cumplido estos expediente».