El presidente en funciones fue designado ayer por Felipe VI para someterse a la investidura, de cara a la presidencia de un nuevo Ejecutivo. No hay fecha todavía pero el tiempo apremia y las negociaciones que se abren a partir de ahora, ya de manera formal y no fuera de los focos, deben discurrir de la manera más fluida posible. Sin prisa, que el tema es lo suficientemente serio como para abordarlo en detalle y en profundidad, pero sin pausa porque los plazos corren y si no se constituye el Gobierno antes del 27 de noviembre, España irá a una segunda convocatoria electoral el 14 de enero. Con el líder popular, Núñez Feijóo, resignado a desempeñar el papel de jefe de la oposición tras su intento fallido de ser investido presidente, le toca jugar al socialista Pedro Sánchez, que tendrá que mostrar mucha firmeza y cintura política para asegurarse unos apoyos, que no están tan claros como cuando fue elegida presidenta del Congreso su correligionaria Francine Armengol.

Sánchez evitó ayer hablar de esa amnistía a los condenados del procés catalán, que los independentistas dan por hecha y que la mayoría conservadora del arco parlamentario rechaza por inconstitucional y porque rompería la igualdad de los españoles ante la ley, sentando además un peligroso precedente y abriendo un baúl sin fondo de peticiones y exigencias, a cual más particular y extrema. Prometió, eso sí, «generosidad» al tiempo que insistía en que las negociaciones se harán de acuerdo con la Carta Magna. Lo de ser generoso se entiende muy bien, si, como parece, Sánchez intentará hacer pasar la amnistía como una fórmula favorecedora de la negociación, el diálogo y la normalización de las relaciones entre el Estado español y esa parte de él que es Cataluña, les guste más o menos a quienes pelean por su independencia, aunque para ello tenga que hacer encaje de bolillos político, de complicadísima resolución. Y ahí es donde entra la parte menos comprensible de la negociación, dado que la Constitución de 1978 no contempla esa medida, que tira por tierra la independencia de poderes por cuanto supone corregir las resoluciones judiciales desde el Gobierno. Menos aún se entiende la autodeterminación, que exige el independentismo, con su carga de unilateralidad que no tiene cabida en un Estado de Derecho como es España.

Nadie sabe qué ocupa la mente de Sánchez, más allá de su aspiración a seguir en La Moncloa, o hasta dónde está dispuesto a hacer cesiones y cómo va a explicar lo que comprometa con los socios necesarios para la mayoría absoluta. Sí está claro que todos, desde Sumar hasta Junts o ERC, van a pedir unos máximos que, en buena ley, ni puede ni debe dar. Visto así, lo mejor sería volver a las urnas.