El sector agrario es muy peculiar en material laboral. Esto es sobre todo por la estacionalidad de una gran cantidad de labores que exige el campo, pero hay otros muchos factores que hacen que los empleos en las explotaciones agropecuarias y el desempeño que exigen merezcan ser tratados de forma diferente a los de otros sectores. Sin embargo, el Gobierno no parece darse cuenta, a pesar de las denuncias de agricultores y ganaderos cada vez que se aprueba una nueva norma que afecta a este ámbito.
La última de ellas ha sido esta misma semana, cuando el Consejo de Ministros ha aprobado la subida del 4,4% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que quedará establecido para 2025 en 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, tras el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Trabajo con los sindicatos CCOO y UGT. El responsable del Campo de CCOO de Industria, Vicente Jiménez, ha destacado que la medida se aplicará a todos los trabajadores temporales de las campañas agrícolas y a casi todos los demás sujetos a convenios colectivos, pues solo unos pocos tienen un salario mínimo superior. Según cálculos del sindicato, la incidencia relativa de la subida del SMI es mayor en aquellos sectores con salarios medios más bajos y beneficia en mayor medida a los asalariados de la agricultura a jornada completa, concretamente a un 39% de ellos.
Hasta 159.600 asalariados a jornada completa en la agricultura cobrarán el salario mínimo en 2025 (en 2024 fueron 128.200), lo que representa el 9% de los 1,79 millones de perceptores del SMI en España, un porcentaje nada desdeñable.
Y las organizaciones agrarias han vuelto a poner el grito en el cielo por lo que esta medida puede suponer para muchas explotaciones, sobre todo pequeñas y medianas. ASAJA ha denunciado que este nuevo incremento, el quinto consecutivo sin consenso con la patronal, supone un golpe insostenible para el sector agrario, que ya enfrenta una crisis estructural debido al aumento de los costes de producción, salariales y sociales y a la falta de mano de obra.
El presidente de la organización, Pedro Barato, considera que «cualquier subida del salario mínimo es inasumible en el campo. Desde 2016, el incremento ha sido del 80%, lo que está llevando al límite a muchas explotaciones». El incremento aprobado eleva el salario mínimo neto a 1.184 euros por 14 pagas, pero el coste real para el empresario agrícola será de 1.925 por trabajador. De este importe, el trabajador verá descontados 720€ en cotizaciones e IRPF, un aspecto que el Gobierno no aclara y que afecta directamente a los asalariados del campo.
ASAJA ha solicitado reiteradamente, «sin éxito», bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para amortiguar esta subida, que incrementa la presión que el sector agrario ya soporta debido a la subida de costes, a una rígida reforma laboral que limita la contratación flexible o al imparable déficit de mano de obra, que se verá agravado con la reducción de la jornada.
«Nos enfrentamos a una tormenta perfecta: más costes, más rigidez y menos trabajadores. Si no se toman medidas, muchas explotaciones desaparecerán», ha alertado Barato. Por todo ello desde ASAJA se pide un periodo transitorio amplio para la aplicación de la medida en el sector agrario; bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para aliviar el impacto en las explotaciones y flexibilización en la contratación de temporeros para evitar la pérdida de campañas clave.
«Estamos de acuerdo en que los trabajadores tengan mejores salarios y subidas adecuadas para su bienestar, pero pedimos unas bonificaciones que las compensen», ha afirmado el secretario de organización de ASAJA, Juan José Álvarez, para quien esta medida «impuesta por decreto dinamita la negociación colectiva de los convenios negociados y los que quedan» pendientes.
El secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha apuntado que la mano de obra se está convirtiendo en el «principal coste de las explotaciones» y que la subida salarial de 2025 tendrá una repercusión de unos mil millones de euros sobre el sector. «A los productores no nos ponen los precios por real decreto en un mercado en el que en muchos casos no llegamos a cubrir los costes de producción», ha añadido Padilla. Como Álvarez, se ha mostrado a favor de que los trabajadores tengan un sueldo digno, pero ha criticado a la Administración por no cumplir su promesa de dar compensaciones teniendo en cuenta que «muchas explotaciones no están para hacer milagros».
La organización UPA ha considerado «positivos» los avances en materia laboral, salarial y social que beneficien al conjunto del sector agrario, pero ha advertido de que la subida del SMI «deberá repercutirse hacia delante en la cadena alimentaria y no recaer nunca sobre las espaldas de los agricultores y ganaderos». En ese sentido, ha resaltado que los salarios son un coste más y deben ser cubiertos, como establece la Ley de la Cadena Alimentaria.
Menores rendimientos.
Por su parte, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar los datos fiscales de los contribuyentes agrarios, ha concluido que el rendimiento neto obtenido por la actividad agraria de los agricultores y ganaderos profesionales está, de media, bastante alejado del SMI aprobado cada año por el Gobierno. Esta organización ha tenido acceso a los datos más recientes disponibles de la Agencia Tributaria, correspondientes al ejercicio fiscal 2022, sobre el número de declarantes de ingresos agrarios en IRPF, tanto en estimación directa como por módulos, y de los rendimientos netos obtenidos en el ejercicio de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. En ese año, un total de 940.312 contribuyentes declararon ingresos agrarios, de los cuales solo 159.913, es decir el 17%, podrían asimilarse a profesionales del sector al obtener más del 50% de sus rendimientos netos del trabajo en su explotación.
El rendimiento neto total declarado por estos profesionales habría sido en el ejercicio 2022 de 1.989,4 millones de euros; lo que arrojaría un rendimiento medio de 12.441 euros anuales por contribuyente. Dicho rendimiento medio estaría por debajo de la media de rendimientos medios del conjunto de actividades económicas, 13.374 euros, y sería igualmente inferior, concretamente un 47,5% menos, a los rendimientos del trabajo declarados por el conjunto de los asalariados. Se ha de recordar que en el año 2022 el Gobierno fijó el Salario Mínimo Interprofesional en 14.000 euros anuales; es decir, que el rendimiento neto agrario de los profesionales estuvo un 11,1% por debajo del SMI de aquel año.
Cantabria y Asturias son las comunidades autónomas con menores rendimientos medios para los agricultores y ganaderos profesionales, con 6.382 y 7.226 euros anuales respectivamente, seguidas de la Comunidad Valenciana con 8.825. En la parte superior de la tabla estarían Canarias, con 18.621 euros; Islas Baleares, con 16.221; Madrid, con 14.799 euros y Murcia, con 14.057 euros. Solo estas cuatro últimas regiones estarían por encima del SMI del año 2022.
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos señala la diferencia del tratamiento que se hace por parte del Gobierno entre los autónomos, en este caso agrarios, y los asalariados. La organización recuerda que el SMI acumula una subida del 60,9% desde el año 2019. «¿Cómo no vamos a respetar que todos, trabajadores por cuenta propia y ajena, tengamos unos ingresos dignos?» apuntan desde la organización. «Lo que criticamos es que no se reconozca por parte del Ministerio de Trabajo el esfuerzo que estamos haciendo los autónomos agrarios al asumir estas subidas para hacer frente a las campañas agrícolas».
La organización agraria recuerda que el sector, con la rentabilidad muy mermada, no solo está absorbiendo esos incrementos, sino que está pagando, en el caso de los temporeros, del orden de un 8% por encima de los mínimos establecidos por el Gobierno. Así lo revelan los datos oficiales que reflejan, por ejemplo, que en 2024, frente a un SMI oficial para los temporeros de 53,7 euros por jornada, los agricultores pagaron de media 58 euros, aseguran.
Unión de Uniones critica que esta situación no se ciñe exclusivamente al SMI y que hay una total ausencia de interlocución con el sector agrario por parte del Ministerio de Trabajo. «Hemos pedido reunirnos con motivo de la Reforma Laboral de los fijos discontinuos, para la implantación del registro diario de jornada, para la reducción de la jornada laboral y ahora para las subidas del SMI», expresan, «pero la Ministra nunca escucha al sector agrario antes de tomar las decisiones que nos afectan», concluyen. La organización ha criticado que el Gobierno «no reconozca el esfuerzo de los autónomos agrarios al asumir estas subidas para hacer frente a las campañas agrícolas».
Otros eslabones. Por otro lado, la industria alimentaria, a través de su patronal FIAB, y la patronal de supermercados Asedas se han remitido en su valoración a la opinión de la patronal CEOE, que se desligó del acuerdo desde un primer momento. Por su parte, el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, ha señalado que, al igual que con la reducción de la jornada laboral, la mejora del SMI es una «prueba más» del «intervencionismo» del Gobierno en materias de negociación colectiva. Ha apuntado el temor a un «efecto dominó» y una tendencia «alcista en los salarios» y, por ende, en los costes laborales, que «si no están ligados» a una mayor productividad en las empresas conllevarán «problemas» y «ajustes».