«Vamos a volver atrás esa decisión». Por una cuestión de «responsabilidad», la alcaldesa, Cristina Ayala reconoció ayer que era «necesario rectificar» y, tras la contundente contestación social de los últimos días, anunció que su partido se corregirá a sí mismo y presentará una enmienda al presupuesto en la Comisión de Hacienda que se celebrará este martes para incluir en las cuentas de 2025 las partidas de los convenios que se anunció que se eliminarían a las ONG Burgos Acoge, Accem y Atalaya. Lo que no detalló la regidora, pese a conocerlo, es que Vox, que compareció después, se mostró dispuesto a votar a favor pero puso nuevas condiciones para aprobar las cuentas que se desconoce si el PP está dispuesto a aceptar.

Tanto Ayala como el vicealcalde y líder de Vox, Fernando Martínez-Acitores, comparecieron por separado en el mismo escenario pero con una hora de diferencia. Este aspecto, visto el devenir de las manifestaciones de uno y otro, resultó relevante ya que Ayala lo hizo primero, no puso sobre la mesa toda la información de la que disponía y, por tanto, fue imposible preguntarle si está dispuesta a aceptar las nuevas exigencias de su socio. Por concretar, que del dinero reservado para esos convenios «no se destine ni un euro a actividades de inmigración ilegal», que se cree «una comisión de seguimiento» para fiscalizar que este compromiso se cumple y que se incluyan ayudas a mujeres embarazadas en especial riesgo de vulnerabilidad y, para mayor precisión, a la Fundación RedMadre.

Al término de ambas comparecencias se generó un notable desconcierto ya que por la intervención de Ayala se podría interpretar que el PP se había plantado y la única posibilidad de que se aprobara el presupuesto y salvar el Gobierno de coalición pasaba porque Vox rectificara. Sin embargo, faltaba información que, cabe recordar, la alcaldesa sí conocía y era la de la enmienda transaccional de Vox.

La alcaldesa, Cristina Ayala, estuvo acompañada por la totalidad de los corporativos del PP. - Foto: Alberto Rodrigo

Ayala apostó por la continuidad de un Gobierno de coalición que definió como «sólido» y volvió a cargar contra el PSOE al reiterar que «no estamos de acuerdo en nada». ¿Fue esa una pista con la que la alcaldesa descubrió que está dispuesta a aceptar la transaccional de Vox? Sus manifestaciones conducen a pensar en esa decisión tanto por el cariño hacia su socio como por el desprecio hacia el adversario, pero la regidora se cuidó de garantizar nada e incluso habló de que la legislación ofrece «mecanismos» que no descartó y que podría llegar a utilizar como la cuestión de confianza para tratar de aprobar el Presupuesto en el caso de que la situación se tuerza en los próximos días.

CONSULTA A LOS LÍDERES. Tras la concentración de protesta del miércoles, secundada por miles de burgaleses y que la alcaldesa definió como «muy transversal» por el perfil ideológico de los asistentes, detalló que a primera hora de la mañana, y tras hablar con integrantes de su equipo, mantuvo conversaciones telefónicas con el presidente del PP de Burgos, Borja Suárez, con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y con la secretaria general del partido a nivel nacional, Cuca Gamarra, con quienes confirmó «nuestra decisión» de dar marcha atrás ya que no se podían eliminar las subvenciones a estas entidades.

Como si el PP no fuera a ceder nada ante su socio, incógnita que se terminará de despejar en los próximos días y a más tardar el martes en la Comisión de Hacienda, Ayala manifestó que «hay líneas rojas que no queremos cruzar» ya que «no son buenas para la sociedad burgalesa».

Pese a lo sucedido en los últimos días, en los que inicialmente se había aceptado lo que los populares definieron como una «imposición» de Vox, la alcaldesa defendió su «radical desacuerdo en los temas de inmigración» con su socio y reiteró, de manera insistente, que las «convicciones» suyas y de su partido son otras.

Cabe recordar que por la mañana, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico, el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, recordó que el PP en la Junta de Castilla y León «mantuvo una coherencia de principios» en los presupuestos de 2023 y 2024. Preguntado sobre si existe una coherencia entre lo que hace el Gobierno de la Junta y el Ayuntamiento de Burgos, el consejero afirmó de manera elocuente que «para interpretar están ustedes, que interpretan muy bien».

El vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, afirmó que ellos también han hablado estos días con la dirección nacional de Vox, «con quien tenemos relación fluida y estamos arropados y apoyados en lo que estamos haciendo». En los próximos días redactarán la enmienda transaccional que quieren trasladar al PP el martes.

El lenguaje verbal de los integrantes del equipo de Gobierno, tanto de los miembros del PP como los de Vox (acompañaron todos ellos a sus respectivos líderes), no describió un ambiente de preocupación y tensión propio de un Ejecutivo que está a punto de resquebrajarse.

Tanto Ayala como Martínez-Acitores, además, coincidieron en defender la bondades del presupuesto que han pactado, más allá de esta polémica, y de lo «necesario» y «esencial» que es su aprobación para cumplir los objetivos que se han marcado ambas formaciones para esta legislatura.