El alcalde de Villarcayo, al banquillo en abril

A.C. / Villarcayo
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Adrián Serna se enfrenta a 12 años de inhabilitación por presunta prevaricación por pagar casi 30.000 euros en ayudas a 7 empresas sobre la base de un acuerdo del borrador de una junta de gobierno que desapareció del acta oficial

Adrián Serna en el Ayuntamiento de Villarcayo en una imagen de 2021. - Foto: Alberto Rodrigo

Tras una larga instrucción del caso, que se prolonga durante más de siete años, el alcalde de Villarcayo, Adrián Serna, será juzgado en abril de 2025 por un delito de prevaricación que podría haber cometido por el pago de casi 30.000 euros en ayudas municipales destinadas a la reforma, renovación y apertura de empresas. El grueso de las ayudas, 26.825 euros que llegaron a cinco negocios locales, fue abonado en base a un documento, que realmente era el borrador del acta de la última junta de gobierno presidida el 22 de diciembre de 2016 por el exalcalde Miguel de Lucio, antes de dejar su puesto debido a la moción de censura que presentaron PP e Iniciativa Merindades. Lo escrito en ese borrador sobre las ayudas desapareció por completo del acta oficial que De Lucio y la exsecretaria firmaron en abril de 2017, cuatro meses después.

Cuando ocurrieron los hechos, Serna, para quien el fiscal solicita una pena de 12 años de inhabilitación, era el alcalde por Iniciativa Merindades y gobernaba en coalición con el PP, mientras que ahora es alcalde por el PP. El regidor siempre ha defendido su inocencia en este asunto y ya expuso en sus declaraciones ante la jueza instructora de Villarcayo que su intención era dar salida a los últimos acuerdos tomados por sus predecesores en el gobierno municipal, «al ser su obligación ejecutarlos». Aseguró que pidió a la exsecretaria esos acuerdos para ejecutar el pago y también declaró como esta profesional «autorizó el pago de las subvenciones que figuraban aprobadas en el borrador».

La cuestión es que poco después el exalcalde Miguel de Lucio y la exedil socialista Lidia Isla le demandaron -Lucio retiró después su denuncia- manifestando que se pagó una ayuda de 10.000 euros a un establecimiento hostelero, a pesar de que solo le hubieran tenido que abonar 1.088.

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