La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial descartó hace unos días la creación de una segunda sección penal en la Audiencia Provincial de Burgos, tal y como solicitó la presidencia de este órgano y ratificó la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Un informe del Servicio de Inspección indica que los niveles de colapso son aceptables y no ve la necesidad siquiera de incorporar un sexto juez, al menos de momento. 

El órgano de gobierno del TSJ de Castilla y León tomó conocimiento de la decisión del Consejo General del Poder Judicial hace apenas unos días. El informe desfavorable del Servicio de Inspección señaló que los niveles de congestión de la sección primera de la Audiencia Provincial de Burgos entran dentro de la normalidad y no ven necesaria ni la creación de una segunda sección ni tampoco un sexto magistrado, como se solicitó subsidiariamente.

La negativa se acuerda, matizan desde la Comisión Permanente, «sin perjuicio de que, más adelante, pueda realizar nuevo estudio y análisis de la situación a fin de valorar la creación solicitada en función de la evolución de la litigiosidad que en el futuro pueda producirse». 

Tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León defendieron que en los últimos cuatro años el número de resoluciones dictadas por la sección primera, encargada de los asuntos penales, «denota un incremento de la carga de trabajo que vienen asumiendo los magistrados». No en vano, a día de hoy la agenda está completa hasta mayo de 2024, aunque está previsto que en las próximas semanas se complete para todo el curso judicial . A esto se suma, además, la resolución de una avalancha de recursos llegados de los Juzgados de lo Penal, que hasta hace seis meses estaban reforzados y estaban sacando mucho trabajo atrasado por la pandemia.

A mayores, los peticionarios recordaron que el hecho de que los magistrados tengan que resolver también recursos de procedimientos en fase de instrucción provoca problemas de contaminación. Es decir, que si un juez o jueza de la Sección Primera trata un asunto en las diligencias de investigación, hay riesgo de recusación por incompatibilidad en el momento del enjuiciamiento. Cuestión que se resolvería, insistían, con «la creación de una sexta plaza que permita al menos el desdoblamiento de la sección». 

En previsión de que la creación de una nueva sección penal -que implicaría crear una unidad judicial completa con funcionariado y letrado de la administración de justicia-, se dilataría en el tiempo más de lo deseado, se solicitó esa sexta plaza, sin que tampoco se haya atendido a esta petición.