Ángel Ruiz Pérez ni pestañeó cuando oyó de boca de la portavoz del jurado las seis palabras que le enviarán a prisión durante una temporada de al menos 17 años: «Consideramos al acusado culpable de asesinato». No movió ni un músculo de su rostro, no humilló la mirada y mantuvo total atención a los argumentos que condujeron al tribunal popular a considerarle por unanimidad responsable de haber atropellado intencionadamente y matado a Rosalía Martínez Gandía el 25 de agosto del año 2011 en La Parte de Bureba.
No gesticuló ni buscó la mirada quizás compasiva de su abogado. Permaneció impertérrito durante los 30 minutos que la presidenta del jurado tardó en exponer las razones que justificaron el veredicto. Quizás estaba pensando en lo que iba a decir cuando el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia le dio la última palabra. No se limitó a proclamar su inocencia. Se explayó a conciencia para criticar el proceso de Instrucción y hacer un recorrido por «las mentiras» que en su opinión dijeron algunos testigos durante el juicio y por las pruebas que, según él, favorecían sus tesis.
«No ha sido un juicio justo, ha sido todo negativo», empezó diciendo. Del dueño del Peugeot 205 que atropelló a la anciana aseguró que faltó a la verdad cuando en la vista dijo que nunca había subido a su coche. «Yo le metí unas varillas en el coche que yo le presté y él luego me devolvió; hay testigos», señaló. Sobre la batería que desapareció del coche y vendió a un vecino, indicó que era de su tío. Y sostuvo que la tarde del atropello siempre estuvo a la vista de su madre y otros testigos «que deberían haber declarado en el juicio».
Pero los nueve miembros del tribunal popular lo tuvieron claro. No hubo ninguna fisura. Por unanimidad consideraron probado el relato de los hechos de la Fiscalía punto por punto. Aquel 25 de agosto de 2011 a las 21 horas Ángel Ruiz Pérez, según el veredicto, conducía el Peugeot 205 que robaron en Briviesca a un vecino de Vileña un mes antes del crimen. Aprovechando que era un vehículo que no podían reconocer sus vecinos, salió a la N-232 desde un cruce situado en La Parte de Bureba, invadió el carril izquierdo y, a una velocidad de 60 kilómetros por hora, se metió en el arcén para atropellar y causar la muerte a Rosalía Martínez Gandía.
Después de arrollarla, siguió por la Nacional en dirección a la N-I . Al llegar a un camino vecinal se dirigió de nuevo al pueblo para aparcar el coche en una lonja en la calle La Iglesia, cuyo dueño no visitaba desde hacía seis años. Tardó unos tres minutos. Tras ello, regresó al lugar del atropello «simulando interesarse por lo que había ocurrido».
Un año después, el dueño del garaje acudió al municipio en una visita ocasional y encontró en la lonja el Peugeot 205, que presentaba daños en el foco delantero izquierdo, cuyos restos coinciden con los que halló el Subsector de Tráfico de la Guardia civil en el lugar del atropello.
En la inspección ocular que la Policía Judicial de la Benemérita efectuó en el interior del coche fueron hallados varios pelos. Uno de ellos, según la prueba de ADN, coincidía con Ángel Ruiz Pérez. Pese a tratarse del ADN mitocondrial el jurado consideró «suficiente» el índice de probabilidad -uno entre 1.636 de que no perteneciera al sospechoso- para considerar que el cabello era del acusado.
Asimismo, el tribunal popular consideró acreditado que el imputado retiró la batería del Peugeot 205 y se la vendió tres meses después del atropello a un vecino del pueblo. El legítimo dueño del automóvil se la había comprado a Talleres Guilarte, que es el único vendedor autorizado en Burgos de los acumuladores de la empresa Exide Techonoligies (Tudor).
Ángel Ruiz Pérez es una persona imputable penalmente para los miembros del jurado. Aunque tenga reconocida una incapacidad desde 1990, el trastorno psicótico-paranoide «no influyó en las capacidades de querer y conocer del acusado cuando produjo la muerte a Rosalía Martínez Gandía», según el veredicto. Por ello, considera el tribunal popular que no debe aplicársele ninguna atenuación de la pena. Asimismo, fue considerado culpable de un delito contra la seguridad vial por conducir sin carné.
El acusado regresó ayer a la prisión de la barriada de Yagüe, en la que ingresó en la primavera del año pasado. Una vez conocido el veredicto el magistrado ponente habrá de dictar sentencia, tras lo cual se conocerá cuántos años permanecerá en prisión. El Ministerio Público solicitó para Ángel Ruiz Pérez una pena de 17 años y cuatro meses de prisión por los delitos de asesinato y contra la seguridad vial, además de una indemnización de 40.000 euros para el hijo de la víctima. La acusación particular solicitó una pena de 20 años, una medida de alejamiento del pueblo de 30 y una compensación económica de 100.000 euros.