La nueva Ley de Formación Profesional obliga a que los estudiantes que realicen prácticas en los centros de trabajo (FCT) estén dados de alta en la Seguridad a partir del 1 de enero. Esta situación está trayendo de cabeza a la Consejería de Educación, a la Dirección Provincial de Educación y a los centros formativos, tanto públicos como privados, no tanto por el coste económico, que ya se ha anunciado que asumirán los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (95%) y de Educación, Formación Profesional y Deportes (5%) en 2024 sino por la carga administrativa que supondrá.

En el caso de Burgos, se dará de alta a 1.846 alumnos de segundo curso que son los que deben realizar las prácticas obligatorias de marzo a junio para poder obtener el título. A ellos se sumarían otros 50 de determinados ciclos que cuentan con un periodo extraordinario en septiembre que se prolongará hasta enero, de modo que tendrán que cotizar por este mes al estar en vigor la medida

Tras unas semanas de incertidumbre, todo apunta a que serán los servicios centrales de la Consejería de Educación los que lleven a cabo la tramitación en cuanto a los centros de titularidad pública, dado que la Dirección Provincial de Educación como los centros no cuentan con personal suficiente para poder realizar este volumen de altas y bajas. En el caso de los concertados deberá ser la empresa la que haga los trámites y si no está dispuesta lo deberán asumir los centros. Posteriormente, podrían reclamar a la Junta un aumento del concierto con cargo a otros gastos si necesitan contratar personal.

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