El Presupuesto elaborado por el Gobierno de coalición del PP y Vox, que previsiblemente se aprobará inicialmente en el Pleno ordinario del próximo 19 de enero, no reserva cantidad alguna para el abono de las deudas pendientes ni con la empresa concesionaria del párking ubicado junto al antiguo Hospital General Yagüe ni con la junta de compensación del sector S-22 (Monte de la Abadesa). En ambos casos la explicación que se ofrece es que son asuntos que están aún judicializados, aunque lo cierto es que en el del aparcamiento de la avenida del Cid, pese a que existe un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, existe un auto de ejecución que, por definición, no suspende un pago que tendría que realizarse si no se ha hecho ya. Aunque luego los tribunales pudieran dar la razón al Ayuntamiento y aminorar la minuta.

Cabe recordar que aquel auto, que mantuvo el criterio marcado por el perito judicial en relación a las cantidades a pagar para el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión, cifraba en 2,4 millones de euros el dinero que el Ayuntamiento tenía que abonar a la empresa por la pérdida de usuarios en el párking desde el cierre del antiguo hospital hasta el año 2020. Pero esa cuenta no se queda ahí, ya que los motivos para indemnizar perduran, lo que significa que habrá que abonar otros 600.000 euros aproximadamente por los años 2021, 2022 y 2023. Y no solo eso ya que el contrato de concesión seguirá vivo (salvo un acuerdo entre las partes no exento de coste) hasta 2032.

Lo que queda ahora es que el TSJ dicte una sentencia en la que no se discute el fondo del asunto (eso ya está resuelto) sino la cantidad fijada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1. Sin perjuicio de que, como se ha dicho, esa indemnización tiene que ser saldada sin espera a ese pronunciamiento.

El hecho de que no se haya incluido en el Presupuesto no quiere decir que esa cantidad no se vaya a pagar, ya que un pronunciamiento judicial debe generar crédito de manera automática. Eso sí, para el equipo de Gobierno tener que incluir esa deuda en las cuentas de 2024 no es algo que le convenga, ya que le obliga a detraer recursos. Por ejemplo, a reducir las inversiones si no quiere aplicar ningún tipo de recorte en el gasto.

Dicho de otra manera, el bipartito sortea esta dificultad y la deuda con la concesionaria la tendrá que saldar con una modificación presupuestaria (en otras ocasiones, como en el de la expropiación del solar de Manuel Altolaguirre, se ha hecho de esta manera) o bien con otra fórmula que en este momento se desconoce para hacer frente a esta obligación pendiente.

Lo cierto es que mientras ese pago no se realice, los intereses se siguen acumulando y con ello la factura final que habrá que pagar.

La abadesa. En el próximo Presupuesto, según la información de la que dispone este periódico, tampoco hay una partida para pagar los 1,1 millones de euros que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estableció que se tenía que abonar a la Junta de Compensación del S-22 (el sector de suelo industrial del Monte de la Abadesa).

En este caso, la explicación está en la existencia de un recurso que el Ayuntamiento presentó ante el Tribunal Supremo y del que se espera una resolución en el corto plazo. Es cierto que aquí no hay un pronunciamiento en la última instancia judicial y de ahí que se haya evitado disponer una partida para esta posible contingencia.

Sea como fuere, lo cierto es que el equipo de Gobierno aplaza dos problemas que no desaparecen y que, con toda seguridad, se resolverán en 2024. Eso sí, el Ejecutivo municipal ya no tendrá que ajustarse a unas cuentas en las que no hay cabida para todos los gastos previstos y podrá solucionar estas dificultades con los remanentes de tesorería. Mientras las reglas fiscales se mantengan suspendidas, estas situaciones no generan grandes dolores de cabeza en la Casa Consistorial.

En el caso del párking del Yagüe cabe saber también qué solución se encuentra de cara a una concesión que finaliza en 2032.