La Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios que lo sustentan, Popular y Vox, salieron ayer en tromba a arremeter contra la amenaza de judicializar la disolución del Serla anunciada este miércoles por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su reunión en Valladolid con patronal y sindicatos. Críticas que argumentaron en que no se ha extinguido ningún servicio y sobre el mantra de que la mediación laboral está garantizada, con la que los socios de Gobierno intentan enterrar un nuevo frente con La Moncloa después de lo ocurrido con el protocolo antiaborto. «El servicio está funcionando y esta es una realidad», apuntó el portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde insistió en que la Junta garantiza el servicio de mediación y compromete las aportaciones económicas que se pudieran precisar para asegurar los servicios de arbitraje para dar cumplimiento a la normativa vigente. Una afirmación tras la que, de nuevo, no quiso precisar por qué organismo o cómo se garantiza la mediación.
En cualquier caso, afeó a la vicepresidenta segunda que en su visita optará por la crítica a la Junta de Castilla y León sin realizar «ningún anuncio positivo» para la Comunidad, y que no invitara al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ni a ningún miembro del Ejecutivo. «No nos parece que este sea mecanismo ordinario de relaciones entre administraciones».
Más contundentes se mostraron los portavoces parlamentarios de PP y Vox, que tacharon de «ridículo» la intervención de la ministra de Trabajo. «Estamos escuchando muchas cosas estos días, como que una ministra venga a pedir que se reponga un servicio que no se ha extinguido o interpretaciones absurdas de resoluciones judiciales», apuntó el popular Raúl de la Hoz, que instó a Yolanda Díaz a que no confunda «servicio con gestor del servicio» para evitar «hacer tanto el ridículo como en su comparecencia pública de ayer en Valladolid». Además, quiso dejar un 'recado' a la patronal autonómica, a la que exigió «responsabilidad y altura de miras» para «no pensar solo en sí mismos» con su posicionamiento ante el anuncio de la Junta de disolver el Serla.
También se refirió al a disolución del Serla el portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Menéndez, que reiteró que «las funciones de mediación laboral están garantizadas» en la Comunidad, por lo que consideró pertinente «no hacer más valoración» para no entrar en «el juego de los partidos, sindicatos y patronal que están tratando de focalizar este problema en la extinción del Serla». «Se ha reducido la aportación en los presupuestos al Serla y no hay más», sentenció Menéndez, que aseguró que la disolución del Serla «no va a causar ninguna dificultad». «Desde el punto de vista legal y de funcionamiento del servicio que presta a trabajadores y empresarios en cuanto a mediación, está garantizado por los servicios públicos».
Recortar derechos
Versión de los hechos muy alejada de la que verbalizaron los portavoces de la oposición parlamentaria, que, como el socialista Luis Tudanca, anunciaron que llevará una interpelación en materia de empleo al próximo pleno de las Cortes para «defender la vigencia y validez del Serla frente a los ataques e intento de disolución que perpetra el Gobierno de Mañueco». El líder del PSOE regional criticó los mensajes de respuesta a las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, publicados por el presidente de la Junta en Twitter, por «hacerse el Ayuso twittero». «¿Qué va a no consentir usted si consiente todo a Vox y a García Gallardo?», se preguntó Tudanca. Mientras, el procurador de Podemos, Pablo Fernández, consideró «gravísimo» que PP y Vox «continúen con la intención de eliminar el Serla» en la Comunidad porque supone «recortar derechos laborales».