Mientras no haya una resolución firme en contra, el Ayuntamiento de Burgos mantendrá la esperanza de asegurar el ingreso de los 2,6 millones de euros procedentes de fondos europeos, una cantidad asignada para instalar los elementos de control que regularán la futura Zona de Bajas Emisiones. Al menos, esa es la postura oficial de puertas para afuera.

En el seno del equipo de Gobierno ya se asume que será complicado que las alegaciones presentadas el pasado mes de diciembre alcancen su objetivo después de que el Ministerio desestimara la segunda moratoria de seis meses solicitada por la administración local para poner en marcha el área restringida al tráfico conocida como Burgos Central.

Los representantes municipales, mientras tanto, se mantienen a la espera de las novedades que transmitan los técnicos encargados de esta cuestión. Aunque el concejal de Movilidad, José Antonio López, opta por lanzar un mensaje prudente y muestra confianza en las alegaciones presentadas, lo cierto es que en el 1 de Plaza Mayor ya barruntan que ese dinero está prácticamente perdido.

En una tesitura similar se encuentran otros municipios afectados por el vencimiento de los plazos concedidos para justificar a tiempo los fondos europeos solicitados para este y otros proyectos urbanísticos o de movilidad. Es el caso de Logroño, Orihuela, Sagunto, Vigo o Valencia, advertida esta última en su momento por el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, de las consecuencias económicas de su inacción.

En el caso de Burgos, la ciudad ya gozó en 2024 de una moratoria de 12 meses para cumplir con la Ley de Cambio Climático, pero consumió el plazo de gracia sin haber finalizado unos trabajos que ni siquiera han comenzado sobre el terreno. El equipo de Gobierno entendió al finalizar el primer semestre que no llegaría a tiempo y solicitó un nuevo aplazamiento hasta el 30 de junio de 2025 que fue denegado (...).

(Más información, en la edición impresa de Diario de Burgos de este lunes o aquí)