La nueva tasa del agua, que incrementará su precio en un 9,5%, no comenzará a aplicarse hasta al menos el próximo mes de marzo pese a que el objetivo inicial era que la subida de la tarifa entrara en vigor el pasado 1 de enero. Materialmente resulta imposible anticipar los plazos ya que la ordenanza permanecerá en periodo de exposición pública hasta finales de febrero.

En el mejor de los casos, en el supuesto de que no se presenten reclamaciones ni sugerencias, la aprobación definitiva de la ordenanza fiscal no estará lista hasta dentro de un mes ya que aún deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). En el caso de que hubiera alegaciones, los plazos podrían dilatarse aún más.

En Aguas de Burgos contemplan que en el próximo recibo, que se emite de manera trimestral, se tendrá que tarifar con el precio actual y con el de la subida. 

Es decir, se verá obligada a realizar un «prorrateo» con un cálculo (se niegan a llamarlo estimación) en el que dividirá el consumo total de los 90 días y aplicará un precio por los días en los que ha estado en vigor la tarifa actual y otro distinto con el incremento ya aplicado.

El retraso en la aplicación de los nuevos precios se traduce en que Aguas dejará de ingresar 3.000 euros menos al día de los que tenía previsto inicialmente. Dicho de otra manera, alrededor de 180.000 euros por no haber estado en vigor en enero y febrero. Un disgusto para la sociedad y un alivio para el contribuyente.

Cabe recordar que las nuevas bonificaciones anunciadas para las familias numerosas no se aplicarán en este ejercicio y se aplazarán al próximo año.