El Gobierno de coalición del PP y Vox se ha puesto a trabajar ya en la búsqueda de la mejor manera de afrontar el auto del Juzgado que ordena al Ayuntamiento de Burgos a pagar a la concesionaria del aparcamiento ubicado junto al antiguo Hospital General Yagüe casi 2,4 millones de euros en concepto de compensación por la pérdida de clientes entre 2012 y 2020 (tras el cierre de la dotación sanitaria y la apertura del HUBU). Una indemnización, por utilizar términos coloquiales, que crecerá, ya que el mismo perjuicio ya reconocido en estos diez años se mantiene en los siguientes. Ante esta situación, la portavoz del Ejecutivo, Andrea Ballesteros, avanzó ayer, en la tradicional rueda de prensa de los jueves tras la Junta de Gobierno Local, que ya se ha encargado un estudio para conocer la repercusión que tendría para las arcas municipales el rescate de una concesión cuya fecha de finalización se fija en 2032.

Lo que puede intuir ya el Ayuntamiento es que dejar las cosas como están le podría costar tranquilamente otros 2,5 millones de euros (por los doce años para los que no se ha fijado una cantidad al reequilibrio económico). Eso sí, lo que se quiere saber también es el precio que tiene rescatar la concesión. Y el Ayuntamiento tiene que saber también que es lo que quiere hacer con el aparcamiento en el caso de recuperarlo (si gestionarlo él, si licitarlo, cerrarlo, transformar las plazas en rotación en plazas para residentes...).

Ballesteros, que reprodujo ayer las cantidades que tiene que pagar el Ayuntamiento y que le fueron facilitadas por el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, aprovechó para criticar la gestión del anterior equipo de Gobierno y detalló que estos 2,4 millones que va a tener que pagar la ciudad equivalen al coste que tuvo la última reforma de la Plaza Mayor. Eso sí, obvió que el problema arrancó en tiempos en los que el Consistorio estuvo gobernado por el PP (...).

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