En apenas una década, el peso de los trabajadores inmigrantes en la economía burgalesa se ha duplicado y su aportación será clave en los próximos años. Hoy representan casi el 10% (el 9,47%) de los afiliados a la Seguridad Social, son el principal soporte laboral de sectores como la hostelería, la construcción y el transporte y también son la clave para afrontar el grave y creciente problema de mano de obra que sufre la empresa local por la despoblación y el envejecimiento.

La importancia de la inmigración se hace aún más patente con el debate político abierto estos últimos días en torno a la cesión de competencias en este campo del Gobierno de Pedro Sánchez a Cataluña, abriendo el melón autonómico en este ámbito crítico. 

La cesión, de la que aún se desconoce la letra pequeña, no puede afectar al control de las fronteras nacionales, ni tampoco al de la migración irregular, competencias estatales blindadas por la Constitución, pero abre dudas sobre otros ámbitos como, por ejemplo, la concesión, renovación o denegación de los permisos de trabajo, trámites que ahora necesitan de la autorización del Estado y que cada vez son más estratégicos para un mercado laboral aquejado de una grave crisis de personal.

Burgos no se ha visto directamente afectado por el problema fronterizo, ni tampoco alcanza unas tasas de inmigración desbordantes -todo lo contrario-, pero cada vez es más dependiente de la mano de obra procedente de la UE y, sobre todo, de los países no comunitarios, destacando los hispanoamericanos y los fronterizos como Marruecos.

Cabría preguntarse, entre otros supuestos, qué ocurriría en un escenario en el que las autonomías que más empleo generan, como es el caso de la catalana, tuviesen vía libre para discriminar la residencia o no de los trabajadores que lleguen a su territorio (además de por el dominio de la lengua vernácula, como ocurre ahora) por su cualificación o por su encaje en el tejido productivo local, descartando la mano de obra menos cualificada hacia economías menos competitivas.

Actualmente, Cataluña es competente en la realización de los informes de integración, claves para la obtención de los permisos de residencia y trabajo. Asimismo, la Generalitat da una autorización preliminar a los trabajadores extranjeros, aunque es el Estado quien tiene la última palabra en los permisos. 

Este es, básicamente, el escenario actual, aunque no es descartable que el devenir político en el que se encuentra el país termine por cambiarlo en favor de los intereses nacionalistas.

El escenario real lo muestran también los balances de la Seguridad Social, que confirman que diciembre terminó con una media de 14.160 extranjeros afiliados en la provincia. Son el 9,47% del total de afiliación y pronto doblarán a los foráneos que trabajaban en Burgos hace una década (7.331).

Además, en estas cifras hay que tener en cuenta su evolución en el tiempo. Así, mientras la mano de obra procedente de otros países miembros de la Unión Europea crece a un ritmo del 45,8% en la última década, la de otros destinos no europeos se dispara un 168%. 

A diferencia de hace diez años, hoy los no comunitarios (hispanoamericanos y marroquíes, principalmente) son mayoritarios y estos trabajadores serían los más afectados por una hipotética compartimentación autonómica de las competencias en inmigración. Es decir, sus 'papeles' dependerían del criterio de cada gobierno regional y Cataluña sería la primera de la lista... 

De llevarse a efecto la cesión de competencias autonómicas entre socios del actual Gobierno, como se está hablando, no solo afectaría a los propios inmigrantes sino a todos los sectores de la economía burgalesa, porque todos han recurrido a un fuerte incremento de la contratación de mano de obra extranjera en sus plantillas para poder seguir creciendo.

Hostelería. Tomando como referencia media ese 10% de trabajadores inmigrantes cotizando en la economía burgalesa, hay tres grandes sectores que superan con creces ese porcentaje.

La hostelería está a la cabeza, con el 21,77% de sus afiliados extranjeros de media al mes, en datos de diciembre de 2023. Son 2.501 trabajadores y entre ellos son mayoritarios (1.461) los no comunitarios, especialmente, hispanoamericanos. Su número se ha duplicado en la última década y hoy es imposible sostener la actividad de los establecimientos hosteleros sin esta mano de obra.

En el transporte y la logística, otro sector estratégico en la economía local, el 19% de los afiliados son inmigrantes (1.421 trabajadores). A diferencia de la hostelería al frente de los camiones y furgonetas, y trabajando en las naves logísticas son mayoritarios los europeos del centro y norte del continente.

En la construcción la procedencia de los inmigrantes todavía es europea (portugueses, rumanos, búlgaros...) aunque también hay mucho trabajador latino. Unos y otros aglutinan ese 18,23% de afiliados que son claves para mantener la actividad de la obra.

En actividades administrativas y servicios auxiliares (limpieza) operan 1.777 extranjeros, el 18% del total de afiliados en este sector.

Los cuatro mencionados, especialmente los tres primeros, padecen una grave crisis de falta de mano de obra. La dificultad para contratar -incluso entre los propios inmigrantes- ya reduce el número de negocios y baja la actividad. 

Industria. Los trabajadores inmigrantes se reparten, principalmente, en ocho sectores productivos en Burgos. Además de los cuatro hegemónicos, los extranjeros rozan el 10% de la afiliación en la agricultura, el doble que hace una década, y el 7,8% en el ámbito del comercio minorista y mayorista, donde también son mayoría los latinos.

También han entrado en la industria manufacturera (2.000 trabajadores) y en el sector sanitario y del cuidado de las personas (1.126), pero su peso es más bajo y apenas supera el 6% del conjunto de las plantillas. Estos dos ámbitos también se ven afectados por la falta de mano de obra, pero son mucho más exigentes en la cualificación de las contrataciones, lo que muchas veces excluye a los extranjeros.
En industria y en sanidad hay planes para captar especialistas fuera de las fronteras nacionales ante la imposibilidad de hacerlo dentro.