Se va a cumplir en febrero el primer año de la Ley para la Igualdad real y efectiva de las Personas Trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como 'ley trans', que supuso un cambio radical con respecto a la anterior norma de 2007, la primera que hacía referencia en España a aquellos hombres y mujeres que creen ser del otro sexo y a la posibilidad de alterar ese dato en el Registro Civil. La diferencia más sustancial entre ambas es que, al contrario que en la primera, que exigía tener un diagnóstico de incongruencia de género (que es la condición de las personas que no están conformes con el sexo con el que nacieron y eso les provoca malestar emocional) y haber recibido un tratamiento hormonal de dos años, la segunda incorporaba a la legislación la autodeterminación del sexo registral, lo que significa que una persona 'es' del sexo que dice ser sin acreditar circunstancia objetiva alguna. En los primeros días tras su entrada en vigor se presentaron en el Registro Civil de Burgos 12 solicitudes, 11 de ellas de varones que decían ser mujeres. Hasta la semana pasada las peticiones ascendieron a 35 aunque 9 -una de cada cuatro- no fueron ratificadas, una condición indispensable para proceder a modificar el dato del sexo en el certificado de nacimiento. De las 35, 28 fueron de varones que querían figurar en el Registro como mujeres y 7, de mujeres que deseaban aparecer como hombres. Las 9 que no se ratificaron pertenecían todas a hombres. 

Los datos del Registro Civil burgalés de este último año son sustancialmente superiores a los que se recogieron a lo largo de los tres lustros anteriores, en los que hicieron esta solicitud un total de 20 personas, según datos proporcionados por el propio Registro Civil, el 25% de las cuales lo hicieron en 2021. Hasta entonces, llegaron de forma muy espaciada y esporádica: En el mismo 2007 hubo dos expedientes sobre el cambio de nombre registral; entre 2008 y 2010, ninguno. Después, otro en 2011, y de 2012 a 2014, ambos incluidos, ninguno. En 2015, uno; en 2016, tres; en 2017, dos; en 2018, uno; en 2019, dos; en 2020, tres, y en 2021, cinco, lo que supone la cuarta parte del total.

El artículo 3 de la ley que ahora cumple su primer año y cuya aprobación fue el principal objetivo del Ministerio de Igualdad con Irene Montero al frente, indica que el ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo «en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole», un asunto particularmente controvertido y que provocó -lo hizo la ley en su conjunto- una de las peores crisis en el Gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos hasta el punto de que provocó la salida de la vicepresidenta Carmen Calvo. 

«Confusión interesada». La socialista y presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso durante la anterior legislatura siempre se mostró muy crítica con la reivindicación del género por encima del sexo biológico, que es la base de la ley trans, apoyada en la alambicada teoría queer, una corriente académica que asegura que el género (los roles que una cultura considera apropiados para mujeres y para hombres) es innato, por lo que si un varón asegura que es una mujer debe ser registrado y tratado como tal y nada se puede oponer a tal decisión. El movimiento feminista radical apuntó desde el primer momento a la inconsistencia de esta argumentación que plantea el género como una identidad cuando, afirma, ha supuesto históricamente la subordinación de las mujeres a los varones que es la base de la desigualdad, y criticó la «confusión interesada entre ambos términos, sexo y género, que se refieren a realidades bien diferentes» puesto que el sexo es una condición biológica, binaria e inmutable y el género es el conjunto de comportamientos, actividades y atributos que una sociedad cree apropiados para los hombres y las mujeres. Un ejemplo: que se considere que ellas son comprensivas y dulces solo por ser mujeres y los varones, impulsivos. 

El movimiento feminista radical puso desde el primer momento en evidencia los riesgos de que un hombre pueda legalmente acceder a espacios hasta entonces reservados para mujeres: desde aseos y duchas hasta casas de acogida y cárceles o que se pudieran invalidar los logros del deporte femenino y pulverizar sus récords con la participación en las distintas competiciones de hombres con un peso y una envergadura mucho mayores, lo que ha ocurrido en no pocas disciplinas y en no pocos países del mundo. Recientemente, se ha conocido en Sevilla el caso de un soldado de casi dos metros de altura y barba cerrada llamado Francisco, en cuyo DNI figura que es una mujer y que dice sentirse discriminado porque, hasta el momento, le han impedido entrar al vestuario de sus compañeras.