El Ayuntamiento de Burgos tiene ya en su poder el primer gran revés judicial del año. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso municipal contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que obliga a saldar la deuda de 1,14 millones de euros que el Consistorio capitalino tiene pendiente de pago con la junta de compensación del S-22 (la Abadesa), de la que también forma parte como uno de los propietarios de los terrenos. Un sector de suelo industrial que ha tenido dificultades para poder avanzar en la tramitación urbanística por los impagos de una parte de sus socios, pero que recientemente, tras los últimos ingresos obtenidos, ha vuelto a tomar impulso.

Con esta providencia, en la que el Supremo entiende que existe una «falta de fundamentación suficiente» para apreciar «interés casacional» en el recurso o para que el mismo pudiera llegar a formar jurisprudencia, el conflicto judicial llega a su fin y al Ayuntamiento, que ha alargado el procedimiento hasta su máxima expresión, ya no le queda otra salida que pagar.

El único rédito que ha obtenido el Ayuntamiento de este recurso ha sido el de ganar tiempo, ya que ha transcurrido más de un año desde que se pronunciara el TSJ hasta que lo ha hecho el Supremo. Eso sí, el tiempo transcurrido deberá ser compensado con el pago de los intereses legales.

Cabe recordar que la sentencia del TSJ que dio la razón al S-22, cuyos intereses han sido defendidos por el despacho de abogados y economistas de Área Global, afeó al Ayuntamiento que actuara «con una doble vara de medir» en función de si reclamaba a terceros las deudas con la junta compensación o si tenía que hacerlo a sí mismo.

Entendía cuando se las reclamaba a otros que las derramas eran firmes y ajustadas a derecho (de hecho incluso iniciaba la vía de apremio para su pago), pero si era el Ayuntamiento el llamado a pagar «dichas derramas no son firmes y no son ajustadas a derecho en la parte en la que se reclaman a dicha Corporación municipal», recriminó el fallo.

Aunque el recurso ante el Supremo no facilitaba las cosas, lo cierto es que el Gobierno de coalición del PP y Vox han manifestado públicamente su voluntad de arrimar el hombro para el desarrollo del S-22 y la creación de una nueva bolsa de suelo industrial en la ciudad impulsada por el capital privado. Será a partir de ahora cuando tocará pasar de las palabras a los hechos.