A pesar de que el último segmento de la circunvalación de Burgos (BU-30) se completó a finales de 2016 tras casi 6 años de retraso y un sinfín de contratiempos a posteriori, los ecos de una obra de 9 kilómetros y 68,6 millones de euros aún colean. La Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto el litigio que mantienen la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt), a la que el Ministerio de Fomento encomendó el proyecto, con la UTE Azal Burgos, que lo ejecutó.

A finales de 2022 el Juzgado de Primera Instancia nº 77 de Madrid declaró que la Seitt «incumplió el contrato de construcción en lo relativo a los plazos de ejecución pactados y a las obligaciones de pago», por lo que le condenó a indemnizar a la UTE con 2,9 millones.

Tras sendos recursos de apelación por ambas partes, ahora la Audiencia Provincial de Madrid los estima de manera parcial y rebaja esa cantidad a los 1,8 millones más unos intereses moratorios de 807.000 euros. En total, el Estado deberá pagar a la UTE, formada por Aldesa Construcciones y Azvi, más de 2,6 millones.

El trasfondo de la cuestión judicial se remonta a la ejecución del último tramo de la ronda, cuyas obras arrancaron el 3 de enero de 2009. A pesar de contar con un plazo de 24 meses, no fue hasta el 21 de diciembre de 2016 cuando se concluyeron. La UTE atribuye a la sociedad anónima de la que el Ministerio de Fomento -ahora Transportes- es propietario al 100%, cuestiones como la falta de préstamos de terreno necesarios para arrancar con los trabajos, las suspensiones, las restricciones presupuestarias, los reajustes o las modificaciones del proyecto.

Cabe recordar que esta infraestructura sufrió un parón a causa del 'tijeretazo' que hizo el Gobierno tras el estallido de la crisis financiera y que dejó en barbecho la ejecución de muchas infraestructuras en la provincia. La Audiencia imputa el retraso en la obtención de los préstamos a la Seitt al considerar que «los vicios del proyecto determinaron la necesidad de un modificado que dificultada sustancialmente la ejecución de la obra al afectar a los viaductos y a las estructuras».

El auto concluye que, salvo los recortes presupuestarios, el resto de cuestiones sí le son atribuibles a la Seitt. De este modo, se le imputa una demora de 1.125 días a razón de 350,8 euros por jornada. En total 1,6 millones a los que se deben sumar 247.000 euros en concepto de intereses de demora.

«Los vicios del proyecto igualmente obstaculizaron una ejecución tempestiva», apunta el auto al que ha tenido acceso este periódico, que ahonda en que los reajustes (prórrogas del plazo contractual) «no se prestan a indemnización sino a compensación».

En relación a la paralización de facto de la obra, que se produjo entre julio de 2010 y marzo de 2011, la Audiencia concluye que, a pesar de las alegaciones de la Seitt, no aprecian una detención «unilateral e imputable a la UTE». Recuerda el organismo judicial que la unión temporal de empresas «temió fundadamente una rescisión de la obra por mor de una instrucción del Ministerio de Fomento que se anunció en nota de prensa».