La consejera socialista del Consejo de Seguridad Nuclear, Cristina Narbona, ha levantado más que ampollas en el organismo regulador con los argumentos que defiende en el voto particular que emitió en el pleno el pasado miércoles para posicionarse en contra del resto de sus compañeros que decidieron solicitar nueva documentación a Garoña para después iniciar la evaluación de su petición de una licencia de operación hasta el año 2031. La exministra considera que el CSN no debe abordar la evaluación de la solicitud realizada por Nuclenor «sin un debate previo, transparente y en profundidad» sobre esta petición para operar un reactor hasta los 60 años de explotación comercial, «algo inédito en la historia de la seguridad nuclear y radiológica de España».

Asimismo, sostiene que «el CSN no debería atender a un interés meramente económico de la empresa titular de Garoña, tal y como reconoce la empresa en la solicitud remitida al CSN, donde dice que un marco temporal de explotación de estas características proporcionaría la estabilidad y certidumbre necesaria para acometer las inversiones para la explotación segura y fiable de la explotación». Narbona insiste y señala en su voto particular que «no aprueba que los intereses económicos de Nuclenor se antepongan a las buenas prácticas bien consolidadas».

Con ello, la consejera se refiere a la decisión adoptada en 1995 de realizar a las centrales nucleares españolas una Revisión Periódica de Seguridad cada diez años. Aquella decisión se tomó tras el accidente sufrido por Vandellos Ien 1989 motivado por un incendio y que llevó a su cierre definitivo. Mientras, considera que «al aceptar tácitamente el inicio del expediente, el CSN está propiciando de hecho la modificación de las condiciones de revisión, evaluación e inspección aplicadas por el CSN desde 1999». La consejera también desaprueba «la rapidez con la que se está tramitando este expediente, cuando no hay ningún plazo ni técnico ni legal en el horizonte que obligue al CSN a tomar decisiones con celeridad». En sus argumentos iniciales Narbona también repasa la historia reciente de la central y afirma que ha habido «negociaciones económicas entre el propietario de Garoña y el Gobierno de España».

Ante todo ello, el presidente del CSN, Fernando Martí, en representación de los cuatro consejeros -incluido él- que votaron a favor de pedir documentación adicional a Nuclenor, ha explicado que hasta que no se dispongan de la documentación solicitada y que debe presentarse antes del 30 de septiembre, no se iniciará el proceso de evaluación técnica en detalle. A ello añade que «no es el momento de introducir en el proceso abierto debates sobre la práctica regulatoria» y muestra su «más enérgico rechazo a argumentos que, partiendo de criterios políticos o económicos pretenden desprestigiar el trabajo serio y riguroso del CSN».