El Gobierno de coalición del PP y Vox aterrizó en el Ayuntamiento con el compromiso, una vez que los populares rebajaron las quizá demasiado optimistas promesas electorales de su socio, de realizar un estudio económico sobre el impacto de una rebaja de impuestos en las arcas municipales. Sin embargo, el nuevo Ejecutivo se encontró nada más tomar posesión con una realidad muy diferente, ya que desde la Gerencia de Aguas de Burgos se trasladó al bipartito que si no se sube la tarifa, la Sociedad entrará en «pérdidas» al finalizar este mismo ejercicio. Una propuesta, por otra parte, que conocía el anterior equipo de Gobierno, pero que no quiso que trascendiera y de la que este periódico dio cuenta antes de que se constituyera la nueva Corporación. 

El vicealcalde y presidente de Aguas, Fernando Martínez-Acitores, pidió información a los servicios técnicos y estos trasladaron que lo razonable sería una subida de la tasa del 18%, ya que eso es lo que se ha incrementado el IPC desde 2014 (última vez en que se encareció el recibo). Lo justificaban en la necesidad de acometer inversiones, de reservar una cantidad para la amortización de instalaciones y al encarecimiento de los contratos en alrededor de un 30%. Se negaba que existiera una relación con un mayor gasto en personal. 

Ni a Martínez-Acitores ni a la alcaldesa, Cristina Ayala, les gustó lo que se les trasladaba y lo que han hecho es pedir un informe con una propuesta concreta en la que se detalle la subida que se sugiere y el momento en que aplicarla. Dicho de otra manera, que se les justifique, ya que lo que va a intentar el Ejecutivo (al menos eso es lo que asegura) es que el impacto sea el mínimo posible.

Parecen asumir, por tanto, que el recibo, de alguna manera, va a subir. Ayala, de hecho, afirma que «no es lógico que desde 2014 la tasa se haya congelado y no se haya actualizado». Lo que no quita que «queremos que siga siendo barata y de calidad».

La decisión, en cualquier caso, deberá adoptarse en las próximas semanas, ya que es necesario trabajar en el Presupuesto del próximo año.

Algo más de margen temporal podría haber con la tasa de basuras, puesto que al Ayuntamiento se le ha disparado el gasto por el depósito de residuos al vertedero y estima que tendrá que pagar 55 millones en los próximos quince años por la renovación y gestión del Centro de Tratamiento de Residuos de Cortes. La Ley nacional obliga a que el servicio no sea deficitario. Más claro, el agua.