Lejos de aceptar las decisiones de la Junta y esperar a que se cierren la mitad de las torres de control de incendios que hay actualmente en activo en la provincia, el colectivo de trabajadores de estas instalaciones está dispuesto a pelear para que este no sea el desenlace. Un grupo de empleados ha convocado una manifestación el miércoles de la semana que viene (12 de marzo) para reivindicar su papel dentro del operativo y exteriorizar su repulsa al proceso de «privatización» que pretende llevar a cabo la administración regional.

Han enviado correos electrónicos a todos y cada uno de los 371 ayuntamientos, ya que entienden que se trata de una cuestión que afecta de lleno a toda la provincia. Aunque el grueso de municipios afectados se encuentran en la parte norte y oeste de Burgos, especialmente en las Merindades, la Bureba y en la Sierra de la Demanda, plantean hacer extensiva su reivindicación a todos los habitantes y colectivos. «Queremos que cumplan los acuerdos de 2022 e incorporen a todo el operativo, que este sea 100% público y que cambien las RPT a 12 meses», exigen en un manifiesto.

La cita arrancará a las 10 de la mañana frente a la sede de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en la capital (plaza Bilbao 3) para posteriormente dirigirse hasta las oficinas de Medio Ambiente, ubicadas en la parte trasera (calle Juan de Padilla). Es a esta consejería a la que dirigen sus reclamaciones, ya que proyecta sustituir por cámaras de vigilancia la labor que actualmente desarrollan personas. De los 29 puestos de control que hay a día de hoy en vigor quedarían tan solo 15 ocupados por empleados, mientras que los otros 14 funcionarían con tecnología. Santo Domingo de Silos, Valle de Sedano, Quisicedo, Belorado,Valle de Mena, Medina de Pomar, Pancorbo, Huerta de Arriba, Oña, Vilviestre del Pinar, Quintanar de la Sierra, Neila, Villasur de Herreros y Fresnedo de la Sierra Tirón han sido los elegidos según una resolución emitida por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta. De las 60 personas que hay en plantilla se pasaría a la mitad, 30. 

Burgos será la segunda provincia que acoja una manifestación tras la que se celebró por las calles de Soria hace un mes. Fue secundada por cerca de un centenar de vecinos de la capital y de la provincia. En el conjunto de la Comunidad, según la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (Atifcyl), se cerrarán 69 de las 168 torres de control, mientras que de los 390 trabajadores tan solo quedarán 192.

Las sustitutas. La solución diseñada por la Consejería de Medio Ambiente pasa por instalar cámaras térmicas de detección de humos, aunque los sindicatos lo rechazan de forma frontal. «Un aparato electrónico puede ser un buen complemento al trabajo que se realiza en los centros de mando, una vez que se ha detectado el incendio para intuir su dimensión o su desarrollo, pero nunca puede llegar a sustituir a una persona o dar un aviso instantáneo que permita apagar el fuego rápidamente», lamentan.