Burgos es la provincia de Castilla y Léon con mayor número de consultas de Atención Primaria atendidas por médicos sin especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria obtenida a través del MIR: 54, que equivale al 14,4% de la plantilla facultativa de los centros de salud de Burgos (373, según datos oficiales de Sacyl) y, por tanto, a más de una de cada diez consultas. Son más del doble de los que ejercían sin especialidad hace dos años (26), según información oficial facilitada en las Cortes, en respuesta a una pregunta expresa sobre el tema.
Es la primera vez que la Consejería de Sanidad hace públicos unos datos que tanto los sindicatos como los Colegios de Médicos solicitaban de forma reiterada desde 2021, cuando se abrió la puerta a esta posibilidad de forma «excepcional» por la magnitud de la pandemia y la necesidad de contar con el mayor número posible de profesionales en ejercicio. «Pero la excepcionalidad decayó y esa normativa también. Se ha mantenido en el tiempo, porque justifican que no hay otra opción, pero esa situación, a fecha de hoy, no es legal», afirma el médico de familia y vocal de Atención Primaria en el Colegio de Médicos, Ángel Matía.
La legislación española establece desde 1995 que la puerta de acceso al ejercicio en la sanidad pública española es el examen MIR, que, en caso de que se apruebe, conlleva cuatro o cinco años de formación para obtener el título de especialista y poder trabajar como tal en centros de salud y hospitales.
La Consejería de Sanidad admite en su respuesta que en Burgos había 26 médicos pasando consulta sin cumplir con este requisito legal a finales de 2021; 45 a finales del 2022 y, con fecha del 30 de septiembre del 2023 (último dato cerrado disponible) eran ya 54. Le sigue Ávila, con 50; Segovia, con 30;Zamora, con 26;Palencia, 19; Salamanca, 18; Valladolid, 14; León, 13; y, por último, Soria, con 11.
Matía considera que la cifra de Burgos «es una barbaridad» y lo atribuye a que la provincia también es la que, según informes oficiales, acumula mayor número de los denominados puestos de difícil cobertura». Pero, como ya ha señalado en anteriores ocasiones, Matía reitera que la solución a los problemas pasa «por reorganizar los centros de salud y la atención continuada», no por una ilegalidad. «La teoría del mal menor no sirve, porque son personas que no tienen las competencias para ejercer», dice, insistiendo en que se está comprometiendo la calidad y la seguridad de la asistencia. «En caso de una reclamación no hay nada que decir, porque es una persona que desempeña funciones para las que no tiene competencias», afirma.
Y aparte del hecho de que desincentiva a que los jóvenes elijan esta especialidad, Matía lamenta que «parece mentira que en el puesto al que mayor especialización exige la ley en la Administración se sea más laxo».