La proliferación de instalaciones ganaderas industriales con una alta densidad de animales -conocidas como macrogranjas- ya no es un quebradero de cabeza exclusivo de los vecinos de la Ribera del Duero. La plataforma que lucha contra la construcción de este tipo de explotaciones porcinas alertó ayer de que a lo largo y ancho de la provincia de Burgos hay contabilizados más de una veintena de proyectos en tramitación. La cifra, que ya de por sí es alta, podría ser incluso superior, ya que la legislación actual permite que todas aquellas que no superen las 1.999 cabezas no tenga que pasar un periodo de información pública. De este modo, su tramitación es mucho más opaca a ojos de los habitantes de los municipios en los que se ubicarán.

«Todos los días nos llegan noticias de pueblos en los que se presentan proyectos para montar macrogranjas. Acumulan años de tapadillo en los ayuntamientos y de repente salen a exposición pública en el Boletín Oficial de Castilla y León», asegura Aurora Vilariño, portavoz de la Asociación de Vecinos de Milagros. Junto a la de Fuentelcésped y a la Plataforma Stop Ganadería Industrial se manifestaron ayer a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León para exigir soluciones a este «problema medioambiental».

Durante más de 2 horas representantes de las tres entidades se reunieron con el delegado, Roberto Saiz, y con los jefes de los servicios de Agricultura y Medio Ambiente para reclamarles aplicar una moratoria de 6 años que impida poner en marcha todas las instalaciones ganaderas industriales que hay en cartera. «Se están generando de una manera desmedida, no solo en Castilla y León, sino a nivel nacional», admitió. Para tratar de revertir esta tendencia, Saiz les emplazó a dirigirse a las Cortes, institución que tramita esta legislación. El PSOE registró a principios de mes una proposición no de Ley similar para que se debata en comisión, aunque los convocantes de ayer reclamaron extenderla a toda la provincia y no solo a la Ribera. «Queremos formar parte de la toma de decisiones a la hora de conformar la normativa referente a estos proyectos», adelantó Vilariño, que solicitará una reunión con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para ponerle al día de su reivindicación.

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