Es cierto que son obras faraónicas, pero también que hay ritmos que claman al cielo por su particular lentitud, que en casos como el de la provincia de Burgos son especialmente sangrantes. Del Estado dependen tres grandes infraestructuras viales proyectadas desde hace muchos años: la conversión en autovía de la N-627 (carretera de Aguilar que quizás un día sea la A-73), de la N-120 (unión con Logroño que será la A-12) y de la N-122 (futura A-11 entre Aranda y Valladolid). Este año que se acaba no ha visto hecho realidad ningún nuevo kilómetro de ninguna de las tres arterias consideradas fundamentales para el presente y el futuro de una provincia que parece marginada en este sentido. Es cierto que, principalmente en la A-73 y la A-11, se han registrado tímidos avances, con maquinaria trabajando en algunos de sus tramos, si bien es cierto que sin resultados que sean visibles o halagüeños. Nada de esto ha sucedido con la A-12, que parece varada en un limbo de retrasos (pese a haber tramos adjudicados), modificaciones en algunos de estos y el encarecimiento de otros precisamente por la lentitud en su ejecución, lo que no deja de ser una vergüenza.
El tráfico en las tres arterias se incrementa cada año mientras los vecinos de las comarcas afectadas asisten con frustración e impotencia a la realidad de los escasos o nulos avances que se registran en éstas. Poco importa que todavía haya quienes exijan y clamen por ello, como los vecinos de Ibeas de Juarros, que este mismo verano, y durante varios jueves sucesivos, volvieron a cortar la N-120 para hacerse oír porque ya no pueden más, porque la densidad del tráfico (especialmente pesado) que registra diariamente el centro de este pueblos es insoportable. Respecto de esta vía, el tramo afectado en este punto (8 kilómetros entre Ibeas y la capital) sigue pendiente de salir a información pública y su retraso ha supuesto un encarecimiento de 38 millones de euros: costará 95 cuando en 2015 contemplaba una inversión de 67.
Continuando con esta vía neurálgica y tan necesaria, no ha habido noticia buena en este año que se acaba. Tan ese así, que hasta la sombra de la corrupción ha sobrevolado por ella: la empresa de uno de los investigados por el 'Caso Koldo' fue adjudicataria (por 80 millones de euros) del único tramo en obras, el comprendido entre Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja, y Villamayor del Río, ya en la provincia burgalesa. Por si esto fuera poco, un nuevo obstáculo vino a complicar la ambición de conectar por una vía de alta capacidad Burgos y Logroño: el Ministerio de Transportes consideró la necesidad de segregar el tramo entre Villamayor del Río yBelorado (apenas 17 kilómetros), lo que obligará poco menos que a empezar de cero, esto es, a tramitar dos proyectos distintos con sus respectivos procesos de redacción, licitación y construcción. Una invitación a la desesperación más absoluta.
De poco o nada ha servido que el inefable ministro del ramo, Óscar Puente, realizara en verano un anuncio que, en puridad, nadie se creyó: que, tras ocho años de parón, la A-12 iba a coger un impulso importante en los meses venideros.A estas alturas de la película cuesta dar veracidad a nada de esto. Habrá que esperar al arranque del año que está a punto de inaugurarse para comprobar si las palabras del político vallisoletano eran ciertas o si, por el contrario, se trataba del enésimo brindis al sol que en materia de infraestructuras han hecho en esta tierra, desde hace décadas, los sucesivos titulares del Ministerio responsable de las mismas. De las tres futuras autovías que han de favorecer el desarrollo de la provincia, esta es la que peor pinta tiene, la que más retrasos y encarecimientos acumula; sobre la que sobrevuela, continuamente, la sombra de los retrasos eternos, de los vuelva a empezar todo de cero.
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