La Unión Europea ha consignado 140.000 millones de euros a España de los fondos Next Generation para impulsar la recuperación económica de su sector público y privado tras la crisis sanitaria de la covid. En la actualidad, se han asignado 69.000 millones a un amplio abanico de proyectos en diferentes campos, pero solo se han materializado 37.000 millones. Apenas se ha superado el 26,4% de ejecución de todo el desembolso previsto, mientras otros socios europeos -como Italia- ya han alcanzado el 100%, lo que sitúa a nuestro país a la cola de Europa en la realización de estos planes y, además, le pone en serio riesgo de perder una buena parte de la enorme inversión contemplada desde Bruselas.

Esta es la conclusión final en la que trabaja el proyecto europeo Eumodnext, liderado por la Universidad de Burgos y en el que también participa un grupo de investigadores del ámbito jurídico y económico repartidos por quince centros universitarios de la UE. 

El proyecto final, gestado en las facultades Económicas y Derecho de la UBU, será presentado en un congreso internacional que se celebrará en Burgos el 9 y 10 de mayo y en el que se espera la presencia de más de 180 ponentes del mundo político, universitario, económico, judicial o comunitario venidos de todos los países miembros. 

El trabajo, desarrollado por un grupo de profesores y de alumnos (del último curso de ADE), analiza detalladamente los problemas en los controles del fraude y la corrupción en cada uno de los 27 países miembros de la UE, para intentar dar unas pautas comunes y armónicas para el reparto y la ejecución más eficiente de los 750.000 millones de euros que están en juego.  

España no queda bien parada. Los investigadores de la UBU no han detectado corrupción en el escaso dinero europeo que ha llegado a nuestro país, pues es uno de los que aplica los controles antifraude más estrictos a las administraciones y empresas solicitantes. «Las empresas o los municipios sortean un nivel de auditoría muy elevado, exigiendo el cumplimiento de 9 puntos sobre 10».

No obstante, esta exigencia, reflexiona Óscar López Foronda, codirector de Eumodnext y profesor en Finanzas, ha generado un enorme «embudo» administrativo que está ahuyentado a muchas empresas de los Next Generation, especialmente a las más pequeñas. 

«Se exigen planes antifraude internos, estrategias de seguimiento de los fondos, auditorías semestrales internas, medidas de prevención del fraude, de recuperación de las cantidades percibidas...», detalla Cristina Sierra, una de las alumnas de ADE participantes.

«Dudas». Pero la desconfianza hacia nuestro país de Bruselas, explican los participantes en este proyecto, se derivan de los problemas de la «muy dudosa» separación de poderes (la creciente politización de la Justicia y de sus órganos de gobierno, principalmente) y de la falta de transparencia en toda la tramitación y gestión de los Next Generation. «La UE ha apreciado deficiencias jurídicas en nuestro país por la poca transparencia con la que trabajamos y tiene muchas dudas sobre la correcta separación de poderes por la crisis institucional que padecemos, un grave problema estructural que no tienen otros países miembros», explica otro de los codirectores de Eumodnext, Fernando García-Moreno, profesor de Derecho Administrativo de la UBU.

«La falta de separación de poderes es conocida por Europa, se está agravando y dificulta las actuaciones en los casos de que se vulnere el ordenamiento jurídico. Si la independencia de los tribunales de Justicia está cuestionada, la UE no dispone las garantías suficientes para actuar en caso de que se cometa un fraude con los Next Generation».

Los graves problemas entre el ejecutivo y el judicial, las tensiones en la renovación de los órganos de gobierno de este último, sitúan a España en unos niveles de desconfianza similares a los generados por socios como Hungría, Bulgaria y Polonia, apuntan los estudiosos.

«Europa defiende la absoluta autonomía del fiscal anticorrupción, aunque sea nombrado por el ejecutivo. Pero en España se ve una clarísima interferencia del ejecutivo en el ámbito judicial, especialmente en la fiscalía. Si esto sigue así, va a haber un embudo importante a la hora de materializar los fondos que ya están consignados. Las dudas generan reticencias...».

Óscar López Foronda recuerda también que el Gobierno de España ha tardado seis meses en entregar a Bruselas la lista de las administraciones y empresas beneficiarias de esos fondos, «cuando los alemanes han tardado menos de un mes». «Son fondos públicos y la UE y sus ciudadanos quieren saber a dónde se destinan finalmente. El Gobierno de España -añade García-Moreno- ha sido muy opaco».

«España ha demostrado ser muy poco eficiente porque la Administración es excesivamente lenta y no aporta la suficiente claridad en mecanismos que son necesarios para la correcta eficiencia del dinero», añade David Blanco Alcántara, profesor de Economía Financiera y Contabilidad y también miembro del grupo de investigadores principales, en el que también está José Manuel Cantera, del área de Derecho Administrativo de la UBU.