La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificó una sentencia que en primera instancia anuló un despido a un trabajador de una empresa de reparación, instalación y mantenimiento de barriles de cerveza a presión que se encontraba de baja por incapacidad temporal. Los responsables de la mercantil le habían puesto un detective privado. Sustentaron su decisión en que durante varios días había realizado esfuerzo físico que, a su juicio, era incompatible con las lesiones que decía padecer. Ahora la sentencia obliga a readmitirle o a pagarle una indemnización. 

El trabajador presentó al Juzgado de lo Social número 1 de Burgos una demanda contra su empresa por despido improcedente al entender que los motivos no se ajustaban a derecho. Según detalla la primera sentencia, este hombre llevaba desde noviembre de 2018 prestando servicio como conductor peón de taller.

A principios de año pasado, comenzó una baja por incapacidad temporal. Así, presentó un informe del servicio de neurocirugía del Hospital Universitario en el que constaba que el empleado tenía dolor en la pierna izquierda y que se le dormían los brazos cuando estaba tumbado. Una dolencia que no remitía con medicación. 

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