Son asaltos muy rápidos, de escasos minutos, los que se tarda en reventar una puerta o una ventana, acceder a la caja registradora, a la máquina tragaperras, a la de tabaco o a los cajones de la mesilla o a los armarios. Solo buscan dinero en efectivo o elementos de fácil venta en el mercado negro, sin preocuparles ni alarmas ni cámaras de seguridad y sin causar daños personales. Disponen de tiempo de sobra y, en la mayoría de los casos, no hay testigos ni en el inmueble asaltado, ni entre el vecindario, ni en la huida. Robar en un pueblo es fácil y cada vez más, sin vecinos y tampoco sin la seguridad suficiente.

En los últimos meses de otoño e invierno, más de una treintena de pueblos ha sufrido la visita de los ladrones. Son delincuentes aislados o bandas organizadas, muchos son itinerantes entre provincias, aunque hay un nuevo poblador rural (nacional e inmigrante) que sobrevive de la propiedad ajena.

Recorren el mundo rural en busca de botines pequeños y fáciles en bares, cafeterías, comercios, empresas o viviendas y no dudan en repetir si el primer asalto les ha ido bien. Las últimas visitas han sido en un pub (justo cuando acababa de cerrar al público) y en viviendas de Salas de los Infantes y en las oficinas de una empresa maderera de Doña Santos.

Dejan un rastro de daños materiales más o menos cuantiosos (cubiertos por los seguros) y un buen susto y malestar en el cuerpo (que no cubre nadie) a los dueños de los establecimientos y, por extensión, a los vecinos del entorno. Nunca -hasta la fecha- han ido a causar daño a las personas, el umbral legal que les evita pisar la cárcel y que les permite seguir reventando puertas y cajas de recaudo a su antojo.

La impunidad con la que trabajan estos delincuentes, especialmente durante los meses de invierno y de soledad en las calles y casas, preocupa seriamente en el mundo rural, máxime cuando una buena parte de sus habitantes son de avanzada edad y viven solos. Un pueblo inseguro pierde extraordinariamente en calidad de vida, lamina su desarrollo económico y todos los esfuerzos de los pocos emprendedores que les quedan.

Roa de Duero ha sido blanco en hasta en doce ocasiones en los últimos meses de los cacos, que se conocen los bares y pubs de este pueblo de 2.220 habitantes. Su alcalde, David Colinas, está, lógicamente, «muy preocupado», al igual que todos sus vecinos. Han sido testigos de una delincuencia de bajo perfil que es muy difícil de atajar y todas las medidas alternativas que se les ocurren suponen inversiones muy por encima de la capacidad presupuestaria municipal.

Colinas plantea un esfuerzo compartido entre municipios, al igual que se hace con servicios básicos como la recogida de basuras. Mantener un cuerpo policial es imposible para un solo pueblo, aunque en Roa sí hubo agentes, «pero igual ha llegado el momento de explorar la posibilidad de una policía municipal compartida. Si hay consorcios de recogida de basuras, también los puede haber de seguridad», señala el regidor raudense, que es también consciente de las dificultades que entraña el dotar a una policía del personal y equipamiento necesario para cubrir las necesidades de seguridad de varios municipios las 24 horas del día.

En Roa saben de las capacidades y de las limitaciones de efectivos de una Guardia Civil «que no puede estar en todos los sitios de su demarcación» y a la que siempre piden un esfuerzo extra para detener una oleada de robos y asaltos que todos los inviernos sobrepasan las fronteras provinciales. «El vecino Peñafiel cuenta con policía local propia y sigue teniendo robos».

Cámaras. También están barajando la posibilidad de instalar cámaras de vigilancia en los principales accesos al municipio, pero vinculadas al control de tráfico para evitar interferir en la protección de la imagen y la intimidad de las personas. Es una idea ya implantada en provincias como Guadalajara, donde la red de vigilancia en 137 municipios ha sido financiada por la Diputación y es gestionada por la Guardia Civil en el caso de producirse delitos.
Villarcayo es uno de los municipios que cuenta con una red de cámaras en la vía pública. Son elementos disuasorios contra la delincuencia y, en algunas ocasiones, permiten a la Guardia Civil esclarecer delitos cometidos tras solicitar las imágenes almacenadas en sus memorias.

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