Este primer año de aplicación de la nueva PAC no ha sido sencillo. Agricultores y ganaderos han tenido que adaptarse las diferentes novedades de la Política Agraria Común, y las cosas se han complicado aun más con la terrible sequía de las últimas dos campañas y con la subida de los costes de producción. Por eso, el sector pide a gritos que las administraciones se preocupen de aplicar flexibilizaciones en los requisitos para cobrar unas ayudas que ahora, sobre todo en determinadas producciones, son más importantes que nunca para garantizar la sostenibilidad económica de las explotaciones.
El coordinador de la Unión de Campesinos en Castilla y León (UCCL-Unión de Uniones), Jesús Manuel González Palacín, ha acusado hace unos días a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León de no haber «hecho los deberes» para hacer efectiva esta flexibilización de los requisitos ambientales de la PAC y ha urgido a adoptar un acuerdo para trasladar esa «unidad de acción» a una futura Conferencia Sectorial que también ha reclamado al Ministerio.
«Es mucho lo que nos jugamos», ha advertido el dirigente de UCCL, que además ha insistido en la necesidad de conocer las reglas de juego «cuanto antes», ya que la sementera está a punto de empezar y las siembras se van a generalizar. «Esto cabrea muchísimo a agricultores y a ganaderos», ha asegurado González Palacín, que ha reiterado la conveniencia de «razonar muy bien» y de «dar una vuelta» a unas propuestas medioambientales en las que ahora no ve «ni ventajas medioambientales ni agronómicas».
ASAJA Castilla-La Mancha también ha pedido excepciones a las normas de condicionalidad de la PAC, a los eco-regímenes y a los compromisos agroambientales y climáticos en 2024 para poder hacer frente a la complicada situación que atraviesan los agricultores y ganaderos. En este sentido, y apoyando la petición del COPA-COGECA (asociaciones europeas de agricultores y cooperativas) a los agregados agrícolas de las Representaciones Permanentes ante la Unión Europea, la organización agraria ha enviado un escrito al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno castellanomanchego, Julián Martínez Lizán, para que inste al Ejecutivo nacional, y este a su vez a la Comisión Europea, para que se conceda una flexibilización de las normativas de la Política Agraria Común ante la falta de viabilidad de las explotaciones agropecuarias.
Concretamente, los agricultores y cooperativas europeas piden que se concedan excepciones a las buenas condiciones agrarias y medioambientales 7 Y 8 (referidas a la rotación de cultivos y a los porcentajes de superficie no productiva), tal como se hizo el pasado año, así como flexibilidad en la condicionalidad en general, en los requisitos de los regímenes ecológicos y en los compromisos climáticos agroambientales.
El presidente de la organización, José María Fresneda, ha explicado que «se trata de dar la posibilidad a los agricultores a dedicar más tierras a la producción, acceder a unas ayudas que les hacen mucha falta y evitar penalizaciones por incumplimientos debidos a circunstancias excepcionales externas». Fresneda ha señalado que «las catástrofes meteorológicas, como la sequía y las fuertes tormentas, van a suponer que la cosecha mundial se vea altamente reducida, lo que pone en peligro el abastecimiento y la disponibilidad mundial de alimentos y piensos». Además, «los agricultores y ganaderos tendrán aún más problemas de viabilidad económica en sus explotaciones porque, a las pérdidas que supondrá la baja cosecha, hay que sumar los altísimos costes de producción, sobre todo los de los fertilizantes, que han provocado una tremenda falta de liquidez en el sector y están generando muchas dificultades a los productores para continuar con su actividad».
El coordinador de UCCL, por su parte, ha aclarado que los agricultores y los ganaderos no están en contra de hacer prácticas agronómicas que beneficien al medio ambiente, que, además, han «asumido», pero se ha mostrado convencido de que España puede llegar a los objetivos que ha fijado Europa «de otra manera más efectiva y más eficaz», para lo que ha urgido a cambiar el Plan Estratégico Nacional aprobado el año pasado tras mucho trabajo. González Palacín ha apostado por volver al «greening» o pago verde de la anterior PAC, a la que ya estaban acostumbrados, como solución a unos nuevos requisitos «cuestionables» y que no ve justificados, «como hacer sembrar cosas de las que no hay disponibilidad de semillas» u obligar a rotar cultivos, como el maíz, que luego habrá que importar. «Habría que echar la cuenta de lo que cuesta importar maíz desde 20.000 kilómetros en barcos. Esta cuenta habría que echarla y supongo que no saldría por ningún sitio», ha ironizado.