La unión temporal de empresa, Obras Llorente y Gesdesbur, no serán sancionadas para contratar con la administración pública ni tampoco tendrán que devolver la garantía de 3.978 euros a pesar de no ejecutar las obras de construcción del centro cívico Oeste (Fuentecillas-San Pedro de la Fuente) aunque fue la adjudicataria y firmó el acta de comprobación del replanteo y tras intentar que el Ayuntamiento accediera a un modificado para aumentar el precio de licitación. La razón es que el actual equipo de Gobierno (PP y Vox) ha acordado anular un procedimiento iniciado por el anterior (PSOE y Cs) por la caducidad del expediente. 

En abril de 2023 se tomó el acuerdo en Junta de Gobierno de resolver el contrato con la UTE, incautar la garantía depositada e incoar el procedimiento para la declaración de la prohibición para contratar para las empresas que se presentaron en UTE. Sin embargo, ese expediente caducó antes de abril de 2023, dado que hasta ese momento la administración tenía de plazo tres meses para dar de paso el expediente y se retrasó en una semana. En la actualidad, esos plazos se han ampliado a ocho meses, pero este cambio no es de aplicación para este asunto al ser un acuerdo anterior. 

La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, señaló que se da carpetazo a este tema, pero ello no influye en el nuevo concurso para la construcción del cívico, al que se han presentado 7 empresas, entre ellas una de las que formaba la UTE. En este sentido, confió en que las obras puedan estar adjudicadas antes de fin de año. 

De este modo, a pesar de los perjuicios que causaron a la ciudad, dado que si no hubieran incumplido el contrato, el cívico podría estar construido.