Hace unas semanas, Nuria Soto, propietaria de un piso okupado en Juan XXIII, relataba en las páginas de este periódico el interminable calvario que estaba sufriendo para intentar echar a su inquilino. Un larguísimo proceso cuyo último capítulo nadie preveía que estuviera en el guion: cuando llegó el momento del desahucio, quien abrió la puerta de su vivienda era una persona desconocida que la había realquilado. Una desagradable sorpresa que la obligó a volver al punto de partida.

Esta técnica, por desgracia, comienza a extenderse por Burgos para desesperación de los arrendadores, quienes cada vez son más reacios a sacar al mercado sus inmuebles.

Determinados sectores sociales y políticos se agarran a la literalidad de la ley para defender que la okupación en España, y más en una provincia como Burgos, es un problema residual. Se refieren, en este caso, a la usurpación o allanamientos de vivienda. Y, si nos fijamos en la estadística, efectivamente no es un problema de primer orden porque los últimos datos del Ministerio del Interior muestran que en nuestro territorio hubo 40 denuncias. Eso sí, en el último lustro se han duplicado. También se han incrementado notablemente los casos que llegan a los juzgados y, por ende, los desahucios.

Según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, hasta el mes de septiembre de 2024 ya se habían contabilizado el mismo número de demandas por okupación de viviendas que en todo el ejercicio anterior. Pero es que, además, los lanzamientos practicados por este motivo habían subido de 4 a 14.

Pero más allá de la literalidad legislativa, lo que más afecta a los propietarios y de manera colateral al mercado de la vivienda es la okupación por impago del alquiler. Es decir, cuando una persona sin motivo aparente deja de abonar la mensualidad del piso. Y la ley, en este caso, es su mejor aliado. Al menos para retrasar una y otra vez el procedimiento.

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