El Procurador del Común, el Defensor del Pueblo en Castilla y León, Tomás Quintana, acaba de emitir una resolución en la que, de nuevo, pide al HUBU y a la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) que adopten medidas distintas a las actuales para conseguir reducciones reales de las demoras de los pacientes de Traumatología del complejo burgalés, tanto para entrar en quirófano como para ver cara a cara al especialista y comentarle el problema de salud que motiva la consulta. Máxime después de que el hospital admita, en respuesta a Quintana, que se ha puesto en marcha un sistema de revisión de citas que, como en el caso que motivó la queja, demoró más de un año la primera cita con el traumatólogo. Así, afea que, en realidad, este servicio esté duplicando con holgura las demoras que reconoce en los balances oficiales.
La resolución en la que Tomás Quintana vuelve a pedir más y mejores medidas para garantizar el derecho a la protección de la salud de los burgaleses la motiva la queja de un paciente que fue derivado a Traumatología del HUBU por su médico de Atención Primaria en julio del año pasado, con carácter de 'preferente'. En teoría, pero solo en la teoría, este matiz debería suponer que el usuario es atendido en un plazo máximo de dos semanas. Cuando recibió la carta con la cita y descubrió que lo emplazaban a acudir a la consulta del traumatólogo a finales de julio del 2025, más de un año después de la solicitud de esta primera visita, el usuario decidió recurrir al Procurador del Común.
Como es habitual, Quintana inició las pesquisas habituales, solicitó información y, según afirma en la resolución recién emitida, el hospital envió un informe en el que afirma que «se ha puesto en marcha un mecanismo de revisión de las peticiones de consultas preferentes» en las que, indican desde el HUBU, los traumatólogos revisan las causas que motivan la consulta y el porqué de la prioridad «atendiendo a criterios clínicos». Así, le indican a Quintana que la valoración que hizo el médico de Primaria sobre la patología del usuario que se quejó «no precisaba» una valoración en 15 días, «por lo que se modificó la prioridad» y pasó a 'normal', «procediendo a citar en conformidad con ello». Y por esa razón, siempre según información oficial, se citó al paciente más de un año después de que el facultativo de su centro de salud considerara que debía ser visto con rapidez; es decir, de comienzos de julio del 2024 a finales del mismo mes del 2025.
Este plazo supone exceder una demora de 365 días, mientras que, como especifica el Procurador en su dictamen, Traumatología del HUBU admitía una demora media estructural -esto es, atribuible únicamente a los recursos de Sacyl- de 143 días. «Es claro que se supera con creces el tiempo medio de espera», dice Quintana, antes de matizar que «el hecho de que la consulta de atención especializada haya sido programada con prioridad 'normal' no parece suficiente para justificar el tiempo que, en este caso, el interesado está teniendo que esperar para ser atendido en Traumatología del HUBU, a criterio de esta Institución».
Refuerzos. En este sentido, el Procurador del Común especifica que «reconocemos y ponemos en valor los esfuerzos y las medidas adoptadas por la Administración sanitaria», pero al mismo tiempo subraya que el volumen de quejas recibidas por este motivo es indicativo de la «inquietud» que generan en la población.
Y, como otras veces, puntualiza que «la salud es un elemento básico en la calidad de vida de la ciudadanía y, en este sentido, consideramos que se hace necesario intensificar la defensa de los derechos y libertades de las personas». Así que de ahí la insistencia de Quintana de la necesidad de reforzar las medidas ya implementadas -en general, peonadas-, pero también recuerda la importancia de adoptar otras distintas que consigan mejoras efectivas.