El grupo municipal socialista llamó ayer a rebato a las asociaciones sociales contra los recortes que tanto el Gobierno como la Junta y el Ayuntamiento de Burgos están realizando en esta materia, que está llevando, a su entender, a la «agonía» de los servicios sociales esenciales. «El PP ha desmantelado el cuarto pilar delEstado del Bienestar. Lo usuarios están ya en una precariedad próxima a la beneficencia», denunció la edil Mari Mar Ramírez. Por ello, hizo un llamamiento a todos los colectivos afectados para que se unan en la lucha y, como primer paso, apoyen una denuncia ante el Procurador del Común «y si fuera necesario ante los tribunales» Para la concejal, el aparato asociativo aún no es consciente de esta realidad. «Los colectivos deben reaccionar y crear una plataforma para luchar contra estos recortes».
En Burgos hay 5.590 personas valoradas en situación de dependencia y con derecho a prestación «que será mermado en cuantías muy altas». Para Ramírez, a partir de este año las asociaciones ya no podrán ofrecer los servicios que hasta ahora venían desarrollando. «Nos encontraremos con que los usuarios y sus familias tendrán que pagar más; las asociaciones carecerán de capacidad económica para mantener sus actividades y se va a producir un gran retroceso social. Y aparecerán más ofertas del sector privado, lo que debilitará aún más si cabe los servicios sociales. Esta política excluye a todas las personas no reconocidas como dependientes.Es no reconocer la drogadicción, ni a las personas mayores, que las minorías étnicas se queden al margen...
Ramírez señaló que mientras las consejerías de la Junta han reducido un 3% su presupuesto, la de Familia e Igualdad de Oportunidades lo ha hecho en un 5,90%. Eso, añadido, en palabras de Ramírez, a los 28,2 millones de euros menos que se percibirán delEstado, «ha generado una asfixia económica que pone en peligro todo el desarrollo de los programas locales y por tanto toda la ayuda a las personas más vulnerables, que son las que más sufren estas políticas insolidarias del PP». La consecuencia, subrayó, es que la financiación local va a sufrir un recorte «dramático», aunque todavía no se sabe de qué tamaño «porque el equipo de Gobierno sigue sin firmar el acuerdo marco que regula estos servicios sociales». Pese a que aún no está ese convenio, Ramírez avanzó que, según los cálculos de su partido, la reducción será del 35%.
«Exageran». Ana Lopidana, concejala de Servicios Sociales, negó que el recorte vaya siquiera a acercarse a ese 35% y calculó que no será mayor del 12% sobre lo percibido del acuerdo marco del año 2012. Sobre la reducción en las horas del servicio de ayuda a domicilio a que obliga el Real Decreto del 13 de julio, Lopidana señaló que no se ha aplicado todavía y que no se hará hasta finales de año, una vez se realice «una actualización de los grados de dependencia».