El atentado que perpetró ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil el 29 de julio de 2009 dejó una estela de víctimas que todavía a día de hoy no se han recuperado de las secuelas. No hubo muertos, pero sí numerosos casos de trastornos de estrés postraumático cuyas consecuencias aún se dejan notar en la actualidad.
En estos días la Audiencia Nacional ha enmendado la plana al Ministerio del Interior y ha decidido conceder una beca de estudios a un joven que se hallaba en el acuartelamiento el día del ataque y al que Grande-Marlaska se la había negado por silencio administrativo. Entiende el tribunal que dicha víctima no llegó a la nota exigida para recibir esa ayuda debido al déficit de atención y al fracaso escolar originado por aquellos trágicos acontecimientos.
Era el año 2020 cuando la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo desestimaba el recurso de reposición interpuesto por la defensa de la víctima contra la resolución de ese mismo ente que le había negado la subvención -de 2.100 euros- para cursar estudios universitarios. De modo que el abogado acudió a la vía judicial para defender los intereses de su cliente.
La normativa para la concesión de ayudas a víctimas del terrorismo atribuye a Interior la facultad de aplicar un coeficiente corrector de las notas «de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que requieran de una adaptación curricular o de un aumento de los tiempos para realizar los estudios en los supuestos de incapacidad física o psíquica». Sin embargo, en el caso de este joven de la casa cuartel de Burgos, el Ministerio decidió no tener en cuenta ese coeficiente corrector porque, argumentaba, era necesario acreditar la repercusión del atentado en el peticionario. El abogado, en su demanda ante la Audiencia Nacional, advierte de que los reparos de la Administración «habrían sido desvirtuados por la documentación aportada al expediente, en el que no figuran algunos informes que sí se presentaron» cuando fue solicitada la beca de estudios.
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