Mientras se espera a que la Junta de Castilla y León autorice de manera definitiva la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá legalizar las dos semiplantas del histórico edificio Campo, diversos servicios municipales siguen viéndose forzados a requerir a la propiedad que realice reparaciones en el inmueble, ya que en este momento el estado de conservación de algunos de sus elementos hace que representen un potencial peligro.

Conocedores de esta situación son los profesionales del parque de Bomberos, de la Policía Local y también del servicio de Licencias, donde hace apenas veinte días, su concejal, Ignacio Peña, firmó una resolución en la que se «requirió» a la propiedad que procediera a la «eliminación de tableros provisionales» y de los «cristales rotos», así como al «cegado por el interior de los huecos de la primera planta con tablero de 19 milímetros».

El equipo de Gobierno no ha ocultado su preocupación por algunos de los desprendimientos de fragmentos del revestimiento de mortero que se han producido en los últimos años y en estos meses del inicio de legislatura también por el peligro que presentaba una ventana abierta en la calle Carnicerías, ya que algunos jóvenes habían utilizado ese punto como lugar de acceso a un inmueble que, a excepción de la planta baja, lleva décadas en desuso y con un avanzado deterioro.

Es cierto que algunos de los defectos detectados se han solucionado, pero no así otros como el relacionado con una reparación de unas chapas metálicas en el patio interior del edificio.

Consta en la resolución que al menos desde el año 2011 se han realizado, de manera periódica, requerimientos a la propiedad. En algunos casos, ante el «riesgo potencial» de que algunos elementos a reponer pudieran «caer a la vía pública» y producir algún daño a los viandantes.

En este tiempo se ha tenido que requerir a los dueños del edificio para que repararan elementos de la facha de cristal que faltaban, para que se arreglaran cornisas o elementos de coronaciones de la fachada que presentaban una degradación total...

En la mayoría de las ocasiones los desperfectos detectados no eran de una gran entidad, pero sí potencialmente peligrosos.

El Ayuntamiento, por ello, advierte a la propiedad de que en caso de no realizar los trabajos que se le demandan de manera voluntaria, lo que hará es iniciar un procedimiento de ejecución subsidiaria (pasando luego la factura) y sin descartar la imposición de sanciones.

En el Gobierno de coalición confían en que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se está tramitando sirva para devolver la actividad a un edificio singular que lleva décadas en desuso y que se encuentra incrustado a las puertas de la Plaza Mayor.