La proliferación de pisos turísticos en las ciudades se ve en las calles y  queda reflejada en las estadísticas oficiales. La última de la Junta de Castilla y León, correspondiente al pasado mes de junio, apunta a la existencia de 551 viviendas de este uso, lo que representa un incremento del 36,4% respecto al mismo periodo del año pasado, de las cuales 300 se ubican en la capital. Los datos corresponden a los establecimientos legales, si bien la patronal considera que solo representan como máximo el 70% de la realidad y apela a «echar un vistazo» a las principales plataformas de internet que ofertan este tipo de alojamientos.

El aluvión de aperturas del que se queja la Federación de Hostelería se repite en el conjunto del país, aunque, como siempre suele ocurrir, a Burgos tarda más tiempo en llegar. Sin embargo, la situación ya está encima de la mesa de los representantes públicos, ya sea del Ayuntamiento como de la Junta de Castilla y León, ambas administraciones competentes en la materia. En el primer caso, representantes municipales han mantenido  al menos dos reuniones con la patronal para abordar el asunto con la intención, compartida por ambas entidades, de endurecer los requisitos a la hora conceder licencias, tal y como confirma el presidente de los hosteleros y máximo responsable de la Asociación de Alojamientos Turístico, Luis Mata, además de incrementar las labores de inspección para detectar aquellos que funcionan al margen de la ley.

El objetivo, según apunta, pasa por establecer unas mayores exigencias para el funcionamiento de estos pisos, teniendo en cuenta que la última modificación del Plan General de Ordenación Urbana, aprobada en marzo de 2023, contempla limitaciones al respecto, como el hecho de no superar el 25% de un edificio o la exigencia de un informe acústico. 

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