El concejal de Deportes, Aitor García, esperaba construir en 2024 cuatro pistas de pádel con una inversión de 150.000 euros y todo ello sin necesidad de hacer un proyecto o acometer grandes trabajos sobre el terreno donde ahora está el campo de fútbol sala descubierto del Polideportivo. Pero, finalmente, no cumplirá ninguna de sus previsiones. Tras contratar a una empresa para que redactara el plan, la alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando, anuncia que la junta de gobierno ha aprobado los pliegos para licitar la obras de dos terrenos de juego y la preparación del suelo para ejecutar otro par en el futuro, de tal forma que ahora se desembolsarán en torno a 140.000 euros y más adelante se gastarán 150.000 euros añadidos para completar las instalaciones y, si es posible, techarlas.
La primera fase de estas obras contará con un plazo máximo de ejecución de cinco meses, aunque hasta que comiencen las labores en este recinto municipal primero deben presentarse las ofertas por parte de las empresas, revisarse estos documentos, adjudicar el proyecto y formalizar el contrato. Ese camino se seguirá, en paralelo, con la construcción de nuevo circuito de bicicletas, que se levantará en una parcela del polígono de Bayas, junto a las instalaciones destinadas a las carreras de motos. La primera edil avanza que esta inversión se licitará por casi 605.000 euros, de los que 334.000 euros se cubrirán con una subvención del Consejo Superior de Deportes. Unido a ello, apunta que los trabajos sobre el terreno durarán hasta ocho meses, aunque no puede confirmar si acabarán en 2025, pues solo «diría» por ahora que este año se habrán «contratado» e«iniciado» las obras.
Multa por los cursos. Además de avanzar con algunos proyectos, en el área de Deportes ha habido otros movimientos menos positivos. La junta de gobierno local ha acordado iniciar el expediente de penalización por un incumplimiento muy grave de la empresa que debía impartir los cursos de natación y que, en horario de tarde, obvió esta obligación. La alcaldesa explica que se ha fijado la «máxima» sanción posible, que asciende al 10% del contrato y supone unos 3.020 euros. La firma, Océano Ocio y Gestión de Servicios, tiene diez días para presentar alegaciones.